El juicio contra Iberdrola Generación y sus cuatro directivos, por la presunta manipulación del precio de la luz en diciembre de 2013, ha centrado la atención pública y del sector energético. Este caso histórico, que ha quedado visto para sentencia, destaca por la solidez de las pruebas presentadas, principalmente por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) y FACUA-Consumidores en Acción. Estas evidencias han sido cruciales para argumentar que Iberdrola pudo haber influido de manera indebida en los precios del mercado energético, afectando a los consumidores y al mercado en su conjunto.
La Fiscalía Anticorrupción, liderada por el teniente fiscal Antonio Romeral, sostiene que la compañía eléctrica actuó para alterar "artificialmente" los precios, generando un perjuicio significativo tanto para consumidores como para comercializadoras.
Romeral ha remarcado que Iberdrola llevó a cabo estas acciones sin una "causa legítima", basando su estrategia en la escasez de lluvias a finales de 2013, un argumento que el fiscal ha cuestionado. Según sus declaraciones, el nivel de producción energética durante este periodo no se justifica al compararlo con las reservas de agua de años anteriores, sugiriendo un "desfase de producción" en igualdad de condiciones hídricas.
Además, la Fiscalía ha tenido que adaptar su petición de multa, originalmente de 84,9 millones de euros, a 5,4 millones, debido a una reforma del Código Penal en 2015. Esta cifra representa una significativa reducción respecto a la cantidad inicialmente considerada, que era el cuádruplo del beneficio obtenido ilegalmente por la empresa, estimado en 21,2 millones de euros. A pesar de esta reducción, la Fiscalía insiste en el decomiso de las ganancias ilícitas obtenidas por la compañía.
En lo que respecta a las indemnizaciones, la Fiscalía ha propuesto un incremento en la cuantía destinada a resarcir a los consumidores y comercializadoras afectadas. Esta decisión busca compensar no solo los daños directos sino también aquellos derivados de las operaciones en el mercado de futuros, que se vieron impactadas por el aumento de los precios.
El juicio también ha explorado la posibilidad de que la manipulación de precios por parte de Iberdrola fuera una forma de "venganza" contra el Gobierno de Mariano Rajoy por decisiones económicas que afectaron a la compañía. Sin embargo, la atención principal del juicio se centra en determinar el coste real de la energía en aquellos momentos críticos de 2013.
La CNMC, como regulador del mercado energético español, ha tenido un papel esencial en este juicio. La Comisión ha investigado las prácticas de mercado de Iberdrola y ha proporcionado informes detallados que han servido de base para las acusaciones. Estos informes han señalado que Iberdrola, mediante la reducción de la producción hidráulica en tres de sus centrales, pudo haber manipulado los precios de la energía en el mercado.
Los análisis de la CNMC han indicado que estas prácticas resultaron en ganancias adicionales estimadas en 21,5 millones de euros para Iberdrola. Este dato ha sido crucial para sustentar la teoría de que la compañía actuó de forma consciente y premeditada para influir en los precios de la luz, en detrimento de los consumidores y la competencia leal en el mercado.
Por otro lado, FACUA-Consumidores en Acción, actuando como acusación particular, ha reforzado las acusaciones utilizando los informes de la CNMC y aportando argumentos adicionales. FACUA ha mantenido que Iberdrola llevó a cabo una manipulación consciente y fraudulenta de los precios, y ha desechado los argumentos de la defensa, que atribuían la reducción en la oferta de energía hidroeléctrica a factores climáticos o a la automatización en la fijación de precios.
FACUA ha argumentado que las pruebas presentadas durante el juicio demuestran que la conducta de Iberdrola no se sustenta en ninguna causa legal, ambiental ni circunstancial que la ampare. La asociación ha destacado el impacto negativo de estas prácticas en el mercado y en los consumidores, solicitando penas significativas para los acusados y una multa considerable para la compañía.
Testimonios y Evidencias Clave
Los testimonios presentados en el juicio, junto con las evidencias aportadas por la CNMC y FACUA, han sido fundamentales. Estos han ayudado a establecer un patrón de conducta por parte de Iberdrola que, según las acusaciones, no se alinea con las prácticas habituales del mercado. Los testigos han proporcionado detalles que cuestionan algunas de las justificaciones presentadas por Iberdrola, como la influencia de la sequía en la producción de energía hidroeléctrica.
Frente a estas acusaciones, la defensa de Iberdrola ha mantenido que las pruebas presentadas son insuficientes y ha criticado los informes de la CNMC por considerarlos "incompletos" y "simplistas". La defensa ha argumentado que la compañía operaba dentro de los márgenes del mercado y que las circunstancias excepcionales, como la sequía y los precios elevados del gas, contribuyeron al alza de los precios.
FACUA ha solicitado penas de tres años de prisión y 18 meses de multa, con una cuota diaria de 400 euros, para los cuatro acusados. Además, han pedido una multa de 107,5 millones de euros para Iberdrola, calculada como el quíntuple de los beneficios estimados obtenidos ilegítimamente. Con el juicio visto para sentencia, ya queda menos para saber cuál será su resolución.
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