Cataluña sigue liderando las comunidades autónomas que anotan más casos de okupaciones de viviendas según el registro del Ministerio del Interior hasta agosto de 2023, al sumar el 40% de los 10.345 casos contabilizados en el conjunto de España, lo que representa en el conjunto del país un descenso superior al 11% con respecto al mismo mes del año pasado.
Los hechos delictivos relacionados con okupaciones de viviendas -sin discriminar allanamientos de morada y usurpación-- en Cataluña suman entre enero y agosto del presente año dos de cada cinco casos con un total de 4.218, lo que supone una caída del 14% con respecto al mismo mes de 2022 (cuando hubo 4.923 casos). Es decir, es tres puntos superior a la anotada en el conjunto de España.
El dato en Cataluña sigue siendo alto en comparación con otras comunidades autónomas con poblaciones parecidas: la Comunidad de Madrid registra 1.025 okupaciones (-1%), Andalucía tiene 1.607 (-6%) o Comunitat Valenciana anota 1.134 (-21%). Por tanto, Cataluña sigue sumando más que las otras tres regiones juntas.
Las comunidades autónomas que suben el número de okupaciones son: Asturias (que pasa de 45 a 53 casos), Canarias (de 319 a 382), Cantabria (de 57 a 62), Galicia (de 130 a 134) y País Vasco (de 170 a 186), según el Sistema de Criminalidad del Ministerio del Interior actualizado hasta agosto, consultado por Europa Press, con datos provenientes de Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales.
Las estadísticas de okupaciones del Ministerio del Interior no discriminan entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno, el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, ya que son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia.
Fuentes de Interior han destacado que, según los datos de la Fiscalía General del Estado recogidos en la memoria de la institución correspondiente al año 2022, sólo el 0,16% de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento. En concreto, se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación, un 9% menos que en el año anterior, y 96 procedimientos por allanamiento.
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