La
Audiencia Nacional está abordando la fase final del juicio contra
Iberdrola Generación, acusada de manipular los precios de la luz en el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. La
Fiscalía Anticorrupción, liderada por el teniente fiscal Antonio Romeral, sostiene que la compañía eléctrica actuó para
alterar "artificialmente" los precios, generando un perjuicio significativo tanto para consumidores como para comercializadoras.
Romeral ha remarcado que Iberdrola llevó a cabo estas acciones sin una
"causa legítima", basando su estrategia en la
escasez de lluvias a finales de 2013, un argumento que el fiscal ha cuestionado. Según sus declaraciones, el nivel de producción energética durante este periodo no se justifica al compararlo con las reservas de agua de años anteriores, sugiriendo un
"desfase de producción" en igualdad de condiciones hídricas.
Además, la Fiscalía ha tenido que
adaptar su petición de multa, originalmente de 84,9 millones de euros, a 5,4 millones, debido a una reforma del Código Penal en 2015. Esta cifra representa una significativa reducción respecto a la cantidad inicialmente considerada, que era el cuádruplo del beneficio obtenido ilegalmente por la empresa, estimado en 21,2 millones de euros. A pesar de esta reducción, la Fiscalía insiste en el
decomiso de las ganancias ilícitas obtenidas por la compañía.
En lo que respecta a las
indemnizaciones, la Fiscalía ha propuesto un incremento en la cuantía destinada a resarcir a los consumidores y comercializadoras afectadas. Esta decisión busca compensar no solo los daños directos sino también aquellos derivados de las operaciones en el mercado de futuros, que se vieron impactadas por el aumento de los precios.
El juicio también ha explorado la posibilidad de que la manipulación de precios por parte de Iberdrola fuera una forma de
"venganza" contra el Gobierno de Mariano Rajoy por decisiones económicas que afectaron a la compañía. Sin embargo, la atención principal del juicio se centra en determinar el coste real de la energía en aquellos momentos críticos de 2013.
Recordando que la CNMC ya había multado a Iberdrola Generación con 25 millones de euros en 2015 por prácticas
"anticompetitivas", el caso sigue generando un intenso debate sobre la ética empresarial y la regulación del mercado energético.
