Álvaro García Ortiz será confirmado como fiscal general del Estado hasta 2027 en el Consejo de Ministros previsto para el próximo martes, iniciando así un nuevo mandato que arranca con una fuerte contestación interna y un duro fallo del Tribunal Supremo (TS) que le achaca "desviación de poder", y que tendrá como principales retos la batalla de la futura ley de amnistía en los tribunales y la reforma del Ministerio Fiscal para reforzar su autonomía.
Fuentes gubernamentales han indicado a Europa Press que será ratificado no solo porque ya llevaba un año desempeñando el cargo, sino por considerar que se trata de un "fiscal de carrera de reconocido prestigio".
García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Dolores Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año.
Desembarcó en la jefatura de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedente de su Secretaría Técnica, donde ejerció como 'mano derecha' de Delgado y cargo con el que ascendió a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera fiscal.
Desde su llegada ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general del Estado inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.
Una de las primeras decisiones de García Ortiz fue ascender a su antecesora a fiscal de sala, con destino en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, que apostó por el ex teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda por su amplia experiencia en derecho militar.
Rueda recurrió dicha decisión ante el Supremo, que acaba de darle la razón anulando el nombramiento de Delgado para la Sala Quinta del TS, lo que deja en el aire su continuidad como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. No obstante, fuentes fiscales señalan a Europa Press que, aunque hay tesis enfrentadas, se estudia la manera de que pueda seguir.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo fue contundente al resolver que García Ortiz incurrió en una "desviación de poder", que calificó de "innegable", por ascender a Delgado por haber sido fiscal general del Estado. "Y ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal", recalcó el alto tribunal.
Para ello, se apoyó en las palabras del propio Ortiz durante ese Consejo Fiscal, cuando defendió que "quien ha sido fiscal general del Estado no debería retornar a la carrera fiscal en una categoría inferior a la más alta", reconociendo que, "si bien el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) no prevé una promoción automática en ese sentido, él como fiscal general del Estado estaba dispuesto a remediar esa situación, que consideró como una laguna en la ley".
A esto se suma la polémica desatada el pasado junio, cuando adelantó otro Pleno del Consejo Fiscal para adjudicar una serie de plazas, entre ellas la de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a la que aspiraba Delgado. También en contra del criterio mayoritario, la ex ministra de Justicia se hizo con el puesto y otro candidato y las asociaciones de fiscales AF y APIF recurrieron al Supremo este segundo nombramiento, aún pendiente de resolución.
El 'caso Delgado' y otros nombramientos discrecionales han acarreado a García Ortiz las críticas de la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que al igual que hicieron con Delgado le acusan de favorecer a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron ambos.
De hecho, la designación de Delgado para Memoria Democrática y Derechos Humanos supuso que destacados fiscales se dieran de baja de UPF --como el fiscal del 'procés' Javier Zaragoza, el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana o la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra-- por "el lamentable espectáculo" vivido en el Consejo Fiscal del pasado junio. Fue "la gota que colma el vaso", según manifestaron fuentes consultadas por esta agencia de noticias.
De cara a los próximos cuatro años, el mayor desafío para García Ortiz será el relacionado con la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados.
Por ahora, ha rehusado pronunciarse, indicando que lo hará cuando sea ley y en los distintos procedimientos judiciales donde tenga que intervenir la Fiscalía. Hasta entonces, ha recordado que "el fiscal general del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad" del Ministerio Público, así como "respetar el principio de separación de poderes" y "evitar cualquier injerencia".
De entrada, el acuerdo suscrito por los socialistas y Junts, donde se habla de crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de 'lawfare' y depurar las responsabilidades correspondientes, lo que abre la puerta a sancionar a los jueces y fiscales que encausaron el 'procés', ya le ha generado los primeros problemas.
A raíz del acuerdo PSOE-Junts, los fiscales del 'procés' --Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-- enviaron una carta a García Ortiz pidiéndole "amparo institucional", si bien el jefe del Ministerio Público se limitó a contestarles que "siempre" defendería la "autonomía" de éstos y otros fiscales.
Una respuesta que no ha contentado ni a los propios peticionarios ni a muchos de sus compañeros. Así, 18 fiscales del Tribunal Supremo (TS) y 22 de Anticorrupción, además de los vocales de la AF en el Consejo Fiscal, le han instado a amparar a estos cuatro compañeros.
En este año de mandato, García Ortiz ya tuvo que encarar la gestión de la conocida como ley del 'solo sí es sí', que ha provocado más de 1.000 rebajas de pena y más de 100 excarcelaciones a agresores sexuales, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su instrucción para que los fiscales abogaran por mantener las viejas penas sí encajaban dentro del nuevo marco penal --en línea con la tesis del Gobierno-- fue tumbada por el Supremo.
Otra fuente de conflicto fue el 'caso Miguel Ángel Blanco'. El fiscal Vicente González Mota dejó la causa tras defender que aún era posible encausar a los 'cerebros' del secuestro y asesinato del joven concejal del PP, una opinión no compartida por sus compañeros de la Audiencia Nacional. García Ortiz llevó el asunto la Junta de Fiscales de Sala, que secundó que se siguiera investigando aplazando el debate sobre la prescripción al momento procesal oportuno.
Todos estos focos de controversia han propiciado que tanto desde el PP como desde la AF y la APIF se haya reclamado reiteradamente la dimisión de García Ortiz, antiguo fiscal del 'caso Prestige', y experto en derecho medioambiental, que aterrizó en el cargo con la promesa de ganar autonomía para la institución a través de una reforma del EOMF que aún sigue en el tintero.
Así las cosas, en la última apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre, García Ortiz se mostró consciente de la necesidad de "promover la confianza institucional". "La proyección de lo que somos no se corresponde con la visión que la sociedad tiene de nosotros", dijo y añadió que "puede estar tranquila la ciudadanía, pues la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles".
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