La cuenta atrás para las pymes está en marcha. El 1 de diciembre es la fecha límite para implementar un canal de denuncias en aplicación de la Ley 2/2023 que tiene como objetivo proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes en el ámbito de la empresa y la Administración pública.
Las pymes que no activen el canal de denuncias se arriesgan a sanciones que van desde 600.001 euros hasta 1.000.000 de euros. Pero, ¿cómo se puede implementar de forma correcta este canal? ¿Qué hay que tener en cuenta? Estas son algunas recomendaciones para su aplicación.
Decidir qué medio se utilizará para gestionar las denuncias: la primera decisión que hay que tomar es con qué herramienta se va a implementar el canal. Lo más recomendable es contar con un software específico o complementario que te garantice cumplir con la normativa.
Asignar un responsable para el canal de denuncias: no hace falta que sea un puesto exclusivo, porque el profesional puede desempeñar otras funciones dentro de la empresa. Esta figura debe comprometerse a gestionar la situación denunciada de forma imparcial.
Crear una norma que regule el canal de denuncias: es fundamental tener elaborado el procedimiento a seguir y compartirlo con el equipo, para que las personas de la empresa sepan exactamente para qué sirve el canal de denuncias. Así sabrán quiénes pueden utilizarlo, a través de qué vías, cómo deben presentarse las denuncias, qué tipo de cuestiones se pueden denunciar y cuál será el paso a paso para resolver cada situación.
El registro de las denuncias: esto es fundamental para llevar el control de todas las denuncias que se hayan realizado y, por supuesto, de la resolución y medidas. El registro se debe guardar por un periodo de 10 años.
La comunicación de la existencia de un canal de denuncias: después de haber dado todos estos pasos, los empleados y proveedores tendrán que ser informados sobre la existencia del canal de denuncias, su funcionamiento y normativa.
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