Fiscalía ve posibles delitos urbanísticos y ambientales en la Subestación de Endesa

Publicado: 22/11/2023
Señala a Endesa y al Ayuntamiento de Torrox por presuntas irregularidades. Destaca infracciones al PGOU de Torrox y riesgos ambientales
La Fiscalía Provincial de Málaga ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Plataforma Ciudadana contra la subestación eléctrica en Torrox Park. El Fiscal ha tomado la decisión tras recibir un escrito-denuncia presentado por el colectivo, que señala a la entidad Endesa y al Ayuntamiento de Torrox por presuntas irregularidades en la construcción de la subestación eléctrica en esta zona residencial y de expansión.

La denuncia, recibida el pasado 16 de octubre, detalla diversas infracciones a la normativa urbanística y ambiental en la ejecución de las obras. Entre los señalamientos, se destaca que la parcela de suelo protegido para la cual se ha concedido licencia de obras tiene una superficie inferior a la establecida por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrox. Además, se alega que se está utilizando aceite Repsol Centaurus, clasificado como "altamente explosivo", en una instalación cercana a viviendas y colegios.

La Fiscalía ha fundamentado su decisión en el artículo 5 de la Ley 50/1981, que otorga al Ministerio Fiscal la facultad de recibir denuncias y ordenar diligencias de investigación ante hechos que puedan ser constitutivos de delito. Asimismo, se ha solicitado al Equipo de Investigación del SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga que lleve a cabo las indagaciones correspondientes.

En el decreto emitido por el Fiscal se exige al Ayuntamiento de Torrox que remita, a la mayor brevedad posible, copia autenticada y foliada del expediente de licencia de obras, incluyendo informes técnicos, jurídicos y de evaluación de impacto ambiental relacionados con las obras denunciadas.

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La Plataforma Ciudadana, los denunciantes, así como Endesa y el Ayuntamiento de Torrox, han sido notificados de las diligencias de investigación emprendidas por la Fiscalía. Este proceso judicial promete arrojar luz sobre las posibles violaciones a la ordenación del territorio y al medio ambiente, así como sobre la responsabilidad de las partes involucradas.

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