El PP pedirá la reconsideración de la admisión a trámite de la ley de la amnistía porque considera que nace "viciada" y señala que, además de ser inconstitucional, este órgano de la Cámara se ha saltado un trámite administrativo al denegar "de viva voz" la recusación que habían presentado para que el letrado mayor se abstuviera en este procedimiento.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha explicado que su partido se ha opuesto frontalmente a calificar de forma favorable la proposición de ley de la amnistía del procès porque si los letrados y "juristas de reconocido prestigio" consideraron que la iniciativa presentada en 2021 era inconstitucional lo sigue siendo en estos momentos.
"Lo que hace dos años era claramente inconstitucional lo sigue siendo dos años después si no ha habido modificaciones de la Constitución", ha recalcado en rueda de prensa tras avanzar que "vamos a registrar de manera inmediata la reconsideración de esta calificación".
Gamarra ha dicho que además de no compartir la iniciativa, la "tramitación está viciada" ya que viene acompañada de la denegación de un escrito de recusación al secretario general del Congreso, Fernando Galindo, que no ha sido resuelto como requieren los procedimientos administrativos, sino que ha sido rechazado en la Mesa del Congreso "de viva voz".
Fuentes populares de la Mesa inciden en que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la mayoría de los miembros del PSOE y Sumar no pueden denegar por esta vía la recusación al letrado mayor, que -en su opinión- debería haberse inhibido de participar en el informe jurídico que ha dado vía libre a la amnistía hoy.
"Es un trámite administrativo y la presidenta lo ha querido llevar a la vida parlamentaria", lamentan las mismas fuentes que avisan de que el informe jurídico de los letrados es preceptivo aunque no sea vinculante por lo que la recusación lo debería haber paralizado a la espera de una contestación por escrito.
Avanzan que seguirán intentando parar el trámite de la proposición de ley por todos los medios y avisan que podrían pedir amparo ante los tribunales si fuera necesario.
Tienen claro que se trata de una proposición de ley inconstitucional porque "hablamos de los mismos hechos y autores y no puede haber conclusiones diferentes a esos mismos hechos" de 2021 en 2023, en referencia a la proposición de ley de los independentistas que fue inadmitida por la Mesa hace dos años.
El PP cree que la proposición actual podría haber incurrido en un "fraude de ley" ya que fue el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el que aludió a esta norma como un proyecto de ley que se iba a "vehiculizar" como proposición y por lo tanto consideran que ha sido elaborada por el Gobierno y que el letrado mayor, tras haber participado en el Ejecutivo recientemente debía inhibirse.
"No debe haber ninguna tacha sobre los que deben estar en cualquier trámite de estas características", ha insistido Gamarra.
De hecho, otras fuentes del PP recuerdan que la jurisprudencia avala que "solo con el hecho de haber sospechas se debería inhibir".
Galindo fue subsecretario del Ministerio de Política Territorial hasta octubre de 2023, pocos días antes de asumir su cargo como letrado mayor de la Cámara baja.
"Haremos una oposición firme, seria y rigurosa", ha reiterado Gamarra tras criticar también que la Mesa del Congreso haya admitido a trámite la creación de las comisiones de investigación sobre la denominada "Operación Cataluña" contra el independentismo catalán y la comisión de las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017.
"Las dos comisiones de 'lawfare' para cumplir con las exigencias y el precio que han puesto los socios de Pedro Sánchez para que pueda seguir gobernando", ha incidido tras afirmar que "cuestionan la separación de poderes, porque se crean controlar la actividad judicial del país".
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