El Gobierno ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley de atención integral a los enfermos de ELA y otras personas en situación de gran dependencia (122/8) de Vox, al considerar que generaría una disminución presupuestaria en las cuentas del Estado, cifrada en 38 millones de euros.
Esta es la respuesta del Ministerio de la Presidencia a la iniciativa de Vox que pretende modificar el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado hace un año.
En su justificación del veto a la proposición, el Gobierno recuerda que "el reconocimiento del grado de discapacidad y el nivel de dependencia se lleva a cabo con baremos, procedimientos y órganos diferentes", y que los términos 'discapacidad' y 'dependencia' no son sinónimos.
En este sentido, explica que la iniciativa pretende la asimilación al grado mínimo de discapacidad (33 por ciento) de las personas que hayan sido valoradas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados, y con independencia de que sea efectivo o no el derecho a prestaciones.
El Gobierno justifica su rechazo en que "el número de potenciales beneficiarios con prestaciones por dependencia que están declarando IRPF con cuota positiva sería de 66.641, representaría un coste estimado de 38 millones de euros, a lo que habría que añadir el coste de incluir a los pensionistas a los que se reconoce ese mismo derecho".
Tras conocer el veto, Vox ha lamentado que el Gobierno "perdone a Cataluña 15.000 millones de euros para seguir en el poder pero vete una ley para enfermos de ELA porque les cuesta dinero".
La formación ha califica al Ejecutivo de "inmoral" y le ha acusado de ser el Ejecutivo contra la gente, al no dedicar dinero a quienes de verdad lo necesitan.
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