Aplicada a aquellos jóvenes que tienen que devolver una beca dado que se les aplica intereses económicos por dicho reintegro
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas ha denunciado hoy jueves la "penalización" aplicada a aquellos jóvenes que tienen que devolver una beca dado que se les aplica intereses económicos por dicho reintegro, en caso de que no cumplan los requisitos académicos.
La Coordinadora (CREUP), una asociación integrada por 31 universidades públicas y que representa a un millón de estudiantes, afirma que han aumentado "las penalizaciones e intereses económicos para los estudiantes más desfavorecidos" y argumenta que el Gobierno legisla sin tener en cuenta al estudiantado.
Así, añade, la devolución del importe de las becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el curso 2023/2024 conllevará un interés económico para aquellos que "no superen los criterios académicos".
Recuerda que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) garantiza “la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad y en la continuidad en las enseñanzas universitarias del estudiantado”, sin embargo el sistema de becas "está lejos de asegurar tal derecho para los jóvenes que las solicitan".
CREUP critica que las becas otorgadas por el Ministerio de Educación no sólo no son suficientes en número para alcanzar a todo el estudiante en situación desfavorecida, sino que además "el sistema en sí mismo cada vez se aleja más de su propósito real, que es ayudar al estudiante económicamente más necesitado".
Las becas se conceden en base a criterios tanto económicos como académicos y estos últimos, según la Coordinadora, “no son indicadores de una necesidad económica subyacente para la continuación de los estudios, que debería ser el fundamento de concesión de una ayuda que otorga un sistema público”.
Por otro lado, no superar los requisitos académicos que marca la convocatoria de becas conlleva el deber de reintegrar el importe de las mismas y "la devolución tendrá un interés económico de no superar dichos criterios".
Desde la CREUP inciden en que “esto supone una doble penalización para el estudiante que ya tiene problemas económicos de base, pues además de no poder continuar con sus estudios, "se ve sangrado aún más por el propio sistema”.
