Un juzgado filipino citó este miércoles al expresidente Rodrigo Duterte para tomarle declaración a principios de diciembre a raíz de la denuncia presentada por una congresista por supuestas amenazas de muerte proferidas por el exdirigente durante una entrevista televisiva.
El polémico exmandatario, afamado por sus repentinos exabruptos proferidos en público, mencionó a la congresista France Castro mientras se jactaba de "querer matar a los comunistas" y los políticos que él considera simpatizan con esta ideología, en una entrevista el 10 de octubre con el canal SMNI.
Debido a estas palabras, Castro presentó una querella el 27 de octubre contra quien ocupó la jefatura del Estado filipino entre 2016 y 2022.
"Me alegro de que el caso avance y espero que el expresidente Duterte se enfrente a los cargos y participe en la investigación preliminar", declaro Castro este miércoles a los medios locales, según recoge el portal de noticias Rappler.
Esta citación judicial emitida contra Duterte supone el primer proceso judicial en el que se ve envuelto desde que terminó su mandato como presidente en junio del año pasado.
La fiscalía de Quezon, en el área metropolitana de Manila y donde Castro presento la denuncia, exigió a Duterte que comparezca los días 4 y 11 de diciembre y que envíe su declaración o respuesta a la querella de Castro.
La noticia llega un día después de la liberación provisional de la exsenadora filipina Leila de Lima, una de las voces más críticas con Duterte y que llevaba en prisión desde 2017 acusada de conspirar para el tráfico de drogas en una cárcel de Manila, cargos que los opositores al expresidente ven como una persecución política.
La liberación bajo fianza de De Lima, absuelta en dos ocasiones previas y que aún espera el inicio del juicio sobre este tercer y último cargo en su contra, supone según los expertos un alejamiento de la actual administración -liderada por el presidente filipino Ferdinand Marcos- de la de su predecesor.
No obstante, Marcos continúa oponiéndose a la entrada en el país de los examinadores de la Corte Penal Internacional, que investiga a Duterte por posibles crímenes de lesa humanidad por instigar la sangrienta "guerra contra las drogas" durante su mandato, en el que alrededor de 30.000 personas -según varias oenegés- murieron abatidas por la policía.
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