Además, la Abogacía del Estado ha solicitado también que se disuelva el Grupo Parlamentario del PCTV en el Parlamento Vasco, así como todos los grupos municipales de ANV en los ayuntamientos vascos y navarros y los grupos de esta formación política en las diputaciones forales.
La petición, que no está de más, dicho sea de paso, en el caso del Parlamento vasco llega un tanto a destiempo, no en vano, en breve se va a disolver esta cámara ya que hay convocadas elecciones autonómicas.
Lo que habría que hacer en este caso es impedir por todos los medios legales que ninguna formación política heredera de ANV o el PCTV pueda concurrir de nuevo a la Cámara y a la vuelta de unos meses haya que empezar otra vez con la misma historia.
Respecto a los grupos municipales, argumentar a estas alturas que nunca debieron concurrir a las elecciones no tiene sentido ni valor real alguno, por lo que lo que realmente hay que hacer es acelerar los procesos que están abiertos y disolver los ayuntamientos en los que Gobiernan, que son cuarenta y dos sumando el País Vasco y Navarra, de los cuales, en veintidós de ellos lo hacen con mayoría absoluta, cuestión no baladí que habría que analizar muy seriamente.
En todo caso, se decida la disolución por la actuación general del partido en su conjunto -que no parece que vaya a ser el caso- o se investigue el comportamiento de cada uno de esos cuarenta y dos gobiernos -tarea ardua y aparentemente inacabable- lo que se debe de hacer es acelerar al máximo el proceso y empezar a dar muestras de que quienes gobiernan desde la ilegalidad y cometiendo irregularidades que dejen un resquicio -por mínimo que sea- a favor del terrorismo etarra no tienen sitio en la España democrática.
Todo lo demás seguirá sonando a lo de siempre, palabras huecas de intenciones que parecen más destinadas a no llevar a cabo la acción que se proponen que a conseguir el fin que dicen tener.
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