Después de semanas de intensas negociaciones, el PSOE y Junts han llegado a un acuerdo esta madrugada para una ley de amnistía que facilitará la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El pacto, que ha sido firmado en Bruselas por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, incluye una amnistía sin nombres que abarcará el periodo comprendido entre 2012 y 2023 e incluirá casos de la denominada lawfare o judicialización de la política.
El acuerdo supone un paso histórico para la resolución del conflicto político entre el Estado y Cataluña, que se ha prolongado durante más de una década y que ha provocado una grave crisis institucional, social y económica. El PSOE y Junts han coincidido en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, entendimiento y convivencia, basada en el respeto a la pluralidad, la democracia y el Estado de derecho.
La ley de amnistía, que deberá ser aprobada por las Cortes Generales, tiene como objetivo procurar la plena normalidad política, institucional y social, como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. La ley beneficiará tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos.
La ley también tendrá en cuenta las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura, y que podrán dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas, en caso de que se detecten situaciones de lawfare o judicialización de la política. Este concepto se refiere al uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o adversarios políticos, y ha sido denunciado por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y por otros dirigentes independentistas.
La ley de amnistía no incluye nombres concretos, sino que se aplicará de forma genérica a todas las personas relacionadas directa o indirectamente con el proceso independentista entre 2012 y 2023. Esto implica que la ley podría afectar a más de 3.000 personas, entre las que se encuentran los líderes políticos y sociales condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición, malversación y desobediencia, los exiliados y los huidos de la justicia, los encausados por el Tribunal de Cuentas por el uso de fondos públicos para el procés, y los investigados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por presunta malversación, prevaricación y desobediencia.
El pacto entre el PSOE y Junts ha sido recibido con satisfacción por ambos partidos, que han destacado el esfuerzo y la voluntad de entendimiento que ha hecho posible el acuerdo. Sin embargo, el pacto también ha generado críticas y rechazo por parte de otros partidos, , que lo han calificado de traición, cesión, chantaje y rendición. Estos partidos han anunciado que harán todo lo posible para impedir que la ley de amnistía salga adelante, y que recurrirán al Tribunal Constitucional si es necesario.
¿PUEDE NEGARSE EL REY?
La ley de amnistía es, sin duda, una de las medidas más polémicas y controvertidas de la legislatura, que tendrá un gran impacto en el panorama político español y catalán. La pregunta que muchos se hacen es si el rey podrá negarse a firmar la ley, una vez que sea aprobada por el Parlamento. La respuesta es no. El rey no puede negarse a firmar la ley de amnistía, ya que eso iría en contra de la Constitución Española, que establece que el rey es el jefe del Estado, pero que sus actos deben ser refrendados por el Gobierno, que es el responsable de los mismos. El rey no tiene poder político ni puede vetar las leyes aprobadas por las Cortes Generales, que representan la soberanía popular. El rey solo puede promulgar y sancionar las leyes, es decir, darles validez y publicarlas en el Boletín Oficial del Estado. Si el rey se negara a firmar una ley, estaría incumpliendo su función constitucional y provocaría una crisis institucional. Por lo tanto, el rey debe firmar la ley de amnistía si esta es aprobada por el Parlamento y refrendada por el presidente del Gobierno.
De acuerdo con la Constitución Española, el rey tiene el deber de sancionar y promulgar las leyes, lo que incluiría una eventual ley de amnistía. Este acto de sancionar y promulgar las leyes no es discrecional, sino que forma parte de sus obligaciones constitucionales. Así, cuando el Parlamento aprueba una ley y esta es refrendada por el presidente del Gobierno, el Rey no puede negarse a firmarla.
La firma del rey es, por lo tanto, un paso formal que da validez a la ley, pero no implica una aprobación personal del contenido de la ley. La figura del monarca no debe ser vista como un órgano de veto ni como un participante activo en la creación de políticas o legislaciones. Su firma simboliza el correcto procedimiento seguido en la aprobación de una ley y su conformidad con el ordenamiento jurídico del país.
En este sentido, si el Parlamento y el Gobierno optan por aprobar una ley de amnistía en relación con el proceso independentista catalán, el rey Felipe VI, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, tendría que sancionarla y promulgarla. La inviolabilidad del Rey garantiza que no se le puede atribuir responsabilidad política o jurídica por las leyes que firma; la responsabilidad recae en los políticos que han elaborado y refrendado la ley.
Además, la firma del Rey no impide que la constitucionalidad de una ley sea evaluada posteriormente por el Tribunal Constitucional si se presenta un recurso en este sentido, ni prejuzga lo que podría determinar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso de que se plantee alguna cuestión prejudicial relacionada con la ley.
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