Las multas, que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros, abarcan desde el ofrecimiento y la solicitud, a la negociación y aceptación de servicios sexuales retribuidos, siempre que estas actividades se desarrollen en espacios públicos, según fuentes municipales.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, indicó que la defensa de la dignidad del hombre y la mujer que se prostituyen es “más fácil” de ejercer en el marco de una legalización que en la alegalidad.
“Es un tema que está pendiente y hay que abordarlo con la valentía necesaria”, aseveró el regidor, quien considera que esta ordenanza da respuesta a un fenómeno que “no puede permanecer en el limbo”, y agregó que el objetivo de las sanciones es ayudar a la recuperación de estas personas y ofrecer alternativas.
De este modo, pidió que el Gobierno establezca un marco normativo que regule la prostitución y que permita a las administraciones locales tomar medidas ante los problemas surgidos y en apoyo de las víctimas de explotación social.
Por su parte, el portavoz del PSOE en Málaga, Rafael Fuentes, cuyo partido se abstuvo, manifestó su intención de que se ejecute un plan estatal con medidas positivas de integración social.
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