Tras conocer las propuestas de la Consejería de Obras Públicas para la reunión con el Ministerio para abordar los recortes del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, los sindicatos le han pedido que defienda el cumplimiento del Plan Estatal y el Convenio de mayo de 2009, que la Junta tiene firmado con el Ministerio para la ejecución de ese plan, que establece 1.440 millones.
Las organizaciones sindicales sostienen que, si es necesario, la Junta defienda esos recursos legalmente, ya que el convenio es un instrumento de naturaleza jurídica a cuyo cumplimiento están obligadas ambas partes y es el contrato que tiene firmado el Ministerio con Andalucía para ejecutar determinadas actuaciones.
Asimismo, alegado que Andalucía tiene competencia plena en materia de vivienda de acuerdo al nuevo Estatuto de Autonomía.
En cualquier caso, los sindicatos han dejado claro que la Junta “está obligada a cumplir con los compromisos recogidos en el Pacto Andaluz por la Vivienda, desarrollados en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo y en la Ley de Derecho a la Vivienda, aprobada en marzo de este año por el Parlamento andaluz”.
Eso significa, según CCOO y UGT, que la asignación presupuestaria prevista debe mantenerse y que los recursos que no lleguen del Plan Estatal deberán ser aportados por la Junta.
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