En la fase de cuestiones previas, la abogada que representa a Roca, Rocío Amigo, impugnó todas las intervenciones telefónicas desarrolladas durante los cuatro años y medio de instrucción por falta de motivación y falta de proporcionalidad, entre otros argumentos, y demandó que se resuelvan con carácter previo al inicio del juicio oral.
La ausencia de algunos expedientes urbanísticos incluidos en el escrito de acusación, y que la posible causa ya esté juzgada en otro procedimiento, son dos de los motivos esgrimidos por la letrada para justificar la suspensión de la vista antes de exponer las cuestiones previas, petición que fue denegada por el tribunal.
Amigo, que representa a Roca desde hace pocos meses, pidió la nulidad de las escuchas telefónicas del caso, “por falta absoluta de motivación y por haberse obtenido con violación de los derechos fundamentales”, ya que, apuntó, no se cumple ni uno de los requisitos exigidos para autorizar esta medida.
La letrada argumentó que lo único que la Policía ofreció al juez para intervenir teléfonos de su patrocinado es “la manida” declaración de un funcionario del Consistorio Jorge González, en la que hablaba del poder de Roca en el urbanismo y en la corporación, negando que de esa declaración se desprendan delitos.
Consideró que hubo una “investigación prospectiva” y que las escuchas se adoptan “como medida principal” de la instrucción, además de que “no se espera a que haya pruebas que confirmen que la declaración del funcionario pudiera ser cierta”, por lo que reiteró la falta de los requisitos para acordar las intervenciones.
Asimismo, estimó que la Policía “mintió” sobre los procedimientos pendientes de otros acusados en relación con Roca “y el juez -Miguel Ángel Torres- no quiso comprobar si lo que se decía era cierto o no”. En este sentido, criticó que las manifestaciones de la Policía “el juez las toma como auto de fe”.
Acusó al juez de “servilismo judicial”, ya que, según manifestó, “judicializaba la labor policial” y subrayó en tanto que será “agrio” por lo que están pasando los acusados y “dulce” porque al final de todo “habrá ganado el Derecho”.
Por otro lado, la abogada Yolanda Terciado, codefensa de Roca, pidió la nulidad de los registros practicados en sociedades, como Maras Asesores y Planeamiento 2000, por vulneración de derechos de su cliente, al no estar presente.
Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de treinta años de cárcel y más de 810 millones de euros de multa, ejercía una posición de “dominio” sobre la Corporación municipal de Marbella, según el ministerio público.
Por su parte, el abogado Horacio Oliva, que representa a los abogados del despacho que creó la red societaria usada por Roca supuestamente para enmascarar su patrimonio, señaló que se ha vulnerado el derecho de defensa, la inviolabilidad de un despacho y la libertad personal.
Oliva reclamó “un juicio justo” y para ello entiende que el tribunal debe antes depurar las nulidades “sin recortar los derechos fundamentales”.
Este letrado pidió a los magistrados, a los que calificó de “expertos”, que tengan cuidado con el “tremendo error” que, a su juicio, se cometió con la detención de sus clientes.
Según el abogado Francisco Soriano Zurita, que representa al también letrado Manuel Sánchez Zubizarreta, el sumario es “fruto envenenado de una mente dirigida por una voluntad arbitraria investida de poder”, en alusión al juez Miguel Ángel Torres.
A este respecto afirmó que un juez que muestra interés en elegir un procedimiento es “inquisidor”, y se aparta de “lo que es un juez ordinario y predeterminado por la ley”.
El juicio del caso Malaya, en el que hay 95 acusados -otros tres están en busca y captura- comenzó ayer con la única ausencia, por enfermedad, del tasador José Mora, para el que el fiscal pide seis años de prisión.
Sólo uno de los procesados, Juan Antonio Roca, fue conducido por las fuerzas de seguridad, ya que es el único que continúa encarcelado, aunque no por el caso Malaya, por el que ya cumplió cuatro años en prisión preventiva, sino por el caso Saqueo, en relación con el desvío de cerca de 24 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995.
La investigación judicial del caso Malaya arrancó a finales de 2005 y se destapó en marzo de 2006 con las primeras detenciones, y tras cuatro años de instrucción, el sumario del procedimiento consta de unos 200.000 folios.
La justicia pasa su primer examen en el macrojuicio
Con más de medio millar de “invitados” al mayor juicio contra la corrupción en España, la Justicia ha pasado su primer examen en Malaya, que ha servido además como bandera de la conciliación familiar al permitir a una acusada estar presente sólo una hora para poder dar el pecho a su bebé.
Casi un centenar de acusados y otros tantos abogados, además de trescientos periodistas acreditados, han trastocado el acontecer diario de la Ciudad de la Justicia de Málaga y han puesto a prueba su funcionamiento.
La prueba ha sido superada. El acceso de los procesados y abogados se ha desarrollado sin incidentes en medio de una gran expectación mediática y despliegue policial, y ello pese a la popularidad de algunos de los imputados, entre los que hay ex alcaldes y concejales, y empresarios vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol.
El celo en la organización ha motivado caras de sorpresa entre las personas que han acudido a la Audiencia de Málaga por otros asuntos judiciales, que se han topado con dos cordones policiales, lo que también ha confundido a algunos acusados del caso Malaya, que no sabían por qué zona debían acceder.
La anécdota de la jornada la ha puesto la procesada Pilar Román, -hija del que fuera primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román y acusada de blanqueo-, quien ha podido ausentarse de la sala de vistas para “cumplir” con la lactancia, un gesto de la Sala que ha coincidido con la presencia en un municipio de la provincia de Málaga de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
También una mujer ha copado parte del protagonismo de la primera jornada de juicio: la letrada Rocío Amigo, al solicitar la nulidad de las escuchas telefónicas relacionadas con su cliente, el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, considerado el presunto “cerebro” de la trama de corrupción.
El otro protagonista de la sesión es el juez Miguel Ángel Torres, actual titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada y primer instructor del caso Malaya desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella.
“Inquisidor” ha sido uno de los calificativos que le han “regalado” los abogados de los procesados para criticar su labor e incluso “interés” en incoar el procedimiento, que tras su marcha a Granada siguió Óscar Pérez.
Aunque Malaya sea el nombre más escuchado en la Ciudad de la Justicia de Málaga, los abogados han citado en sus intervenciones en la fase de cuestiones previas otros casos judiciales relevantes contra la corrupción como Virgin o Gürtel para justificar sus peticiones.
Un primer vistazo a la sala de vistas, llena de togas y trajes, transmite la solemnidad de una sesión en la que no ha habido llamadas al orden dignas de mención.
Todos los procesados han podido seguir en directo las cuestiones previas del juicio, salvo el tasador José Mora, quien ha faltado por estar enfermo.
La sala de prensa, repleta de profesionales desde antes del inicio de la vista, ha sido un ir y venir de magistrados, funcionarios y abogados interesados en el seguimiento informativo del proceso.
Los propios funcionarios judiciales no han permanecido ajenos al revuelo mediático, y algunos han sustituido su descanso del café por un paseo para curiosear.
Entre los policías se bromeaba sobre la presencia de tantas cámaras de televisión: “¿cuándo salimos en la tele?”, preguntaban algunos.
La Junta dota a la sala con las últimas tecnologías de la comunicación
La sala que acoge la celebración del juicio del caso ‘Malaya’, con un total de 95 imputados, cuenta con una superficie de 360 metros cuadrados, y ha sido dotada, por la Junta de Andalucía, con las últimas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con el fin de facilitar la celebración y seguimiento de las vistas que en ella se celebren.
Concretamente, ha sido la Consejería de Gobernación y Justicia la encargada de adecuar este espacio, que cuenta con un sistema de conferencias con 67 unidades dotadas de micrófonos y auriculares para el tribunal y las partes, un mecanismo de grabación con capacidad para 1.200 horas, un sistema para videoconferencias con las que se conecta la sala de testigos protegidos, y la posibilidad de realizar traducciones simultáneas.
Las instalaciones también disponen de quioscos-expendedores de copias de documentos para los abogados y procuradores, una red wifi de cortesía, mientras la sala de prensa tienen 40 unidades de audio y 32 de video.
El PP lamenta que aún no se hayan depurado responsabilidades políticas
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, lamentó ayer que el juicio por el caso Malaya sobre corrupción en Marbella, haya comenzado sin que se hayan depurado responsabilidades políticas en el Gobierno andaluz, que, a juicio de este partido, existen.
En rueda de prensa en Dos Hermanas (Sevilla), Sanz se mostró convencido de que en este caso “hay claros responsables” dentro del Gobierno andaluz “de no haber impedido el atropello económico” en la ciudad de Marbella.
Por ello, pidió a los responsables políticos de la Junta que “tomen nota” de lo que nunca se tenía que haber tolerado, y de cómo deben actuar los controles.
En su opinión, desde la Junta ha habido “responsabilidades políticas por acción u omisión” y sin embargo no están sentados en el banquillo de acusados.
Confió en que los culpables paguen “muy caro” por una situación “que nunca se tenía que haber permitido”, y deseó que el juicio se resuelva con las condenas “más duras”, aunque se mostró seguro de que el proceso no culminará “hasta que no se devuelva a Marbella lo que le han robado”.
Por su parte, el secretario general de Planificación, Ordenación Territorial, Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Eduardo Tamarit, aseguró ayer que el Gobierno andaluz actuó “correctamente” en Marbella y acusó al PP de querer confundir a los ciudadanos cuando “pone en tela de juicio” la labor de la Junta.
Tamarit recordó que mientras la Junta está personada en la causa el PP no lo está, por lo que le pidió que “respete” las decisiones que adopte la Justicia.
Recordó que la Junta ha impugnado un total de 400 acuerdos municipales de Marbella y de ellos, 128 cuentan ya con sentencia firme a favor de la Junta.
Marbella espera que los bienes vuelvan a la ciudad
El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Félix Romero, indicó ayer que espera conseguir que todos los bienes que salieron de las arcas municipales “vuelvan al Consistorio, vuelvan a ser disfrutados por los ciudadanos que fueron robados y sirvan para permitir restituir todos los servicios que desgraciadamente, en algunos casos, no pudimos dar como debíamos porque ese dinero faltaba”.
Así, Romero aseveró en este sentido “la importancia” del ejercicio de la justicia ya que es “el medio” para conseguir el retorno de los bienes.
Romero, que atendió a los medios de comunicación en las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga donde comenzó ayer el juicio por el caso ‘Malaya’ contra la contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, señaló que espera que este juicio “sirva como un precedente, como un procedimiento que pueda marcar la línea para futuros procedimientos también de corrupción, en los cuales el principal fin sea restituir a los ciudadanos que son los últimos paganos de cualquier situación de corrupción”.
Por otro lado, el portavoz del Consistorio insistió en que “pedirá esa restitución, lo hará en este Tribunal y lo hará también en el Parlamento si fuese necesario”.
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