El fiscal reclama 20 años de prisión para Marisol Yagüe y diez para Julián Muñoz
Tres ex alcaldes, concejales, empresarios y abogados serán los protagonistas, algunos de ellos aunque estén ausentes, del juicio del caso Malaya contra la corrupción en Marbella, que comienza el lunes 27 de septiembre, en Málaga.
En el procedimiento, que supuso la disolución del Ayuntamiento de Marbella en 2006 tras la detención de la cúpula del gobierno local, están procesados los ex alcaldes Marisol Yagüe y Julián Muñoz, para quienes el fiscal pide veinte y diez años de prisión, respectivamente.
Además, es previsible que durante la vista oral haya numerosas alusiones al fallecido Jesús Gil, que fue alcalde de Marbella entre 1991 y 2002, unos años antes de que arrancara la investigación judicial de la trama de corrupción, que comenzó a finales de 2005 y se destapó en marzo de 2006 con la primera fase de detenciones.
En la vista de apelaciones al auto de procesamiento del ex asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca -el presunto “cerebro” de la referida red-, su defensa alegó que en la ciudad “no se movía nada” sin el visto bueno de Gil y mantuvo que éste fue quien diseñó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de treinta años de prisión, es el único del casi centenar de procesados que sigue encarcelado, pero no por el caso Malaya, por el que ya cumplió cuatro años en prisión preventiva -el máximo permitido-, sino por otra condena.
El Tribunal Supremo confirmó en febrero la condena a Roca a seis años y diez meses de prisión por el caso Saqueo, en relación con el desvío de cerca de 24 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995, durante el primer mandato del GIL al frente de Consistorio.
En la operación Malaya fueron detenidos concejales de varios partidos políticos, entre ellos la que fuera primera teniente de alcalde de Marbella, Isabel García Marcos, considerada durante muchos años “el azote de Gil” y que apoyó la moción de censura contra Julián Muñoz en 2003.
Entre los imputados también hay numerosos empresarios, especialmente del sector de la construcción, caso de Rafael Gómez, José Ávila Rojas, Emilio Rodríguez Bugallo y Tomás Olivo, aunque también otros que han estado vinculados al mundo de los toros, como Fidel San Román; o al fútbol, como Manuel Lores y José María González de Caldas.
