La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, desataba ayer la polémica en Andalucía al criticar el decreto de la Junta que otorga una ayuda de 1.800 euros a las mujeres que sufrieron la represión durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, porque divide a las mujeres “por su ideología”, provocando una cascada de críticas desde las filas socialistas
“Las mujeres que hayan sido vejadas, de alguna manera maltratadas, violadas o afrentadas de cualquier manera, hay que compensarlas”, aseveraba De Cospedal en declaraciones a Telecinco. Sin embargo, recalcaba que “en la actualidad” hay “muchas mujeres” que son objeto de violación, maltrato o vejaciones “y no reciben esta indemnización”.
Asimismo, afirmaba que “también es problemático el hecho de que se divida a las mujeres vejadas, maltratadas o violadas por el hecho de pertenecer a una ideología u otra”.
“Creo que en esto hay que ser extremadamente precavido”, señaló De Cospedal, quien consideró que se debe tener muy en cuenta también “cuáles son las circunstancias” de cada víctima.
Ahondaba en esa idea después la portavoz del PP en Andalucía, Rosario Soto, al pedir al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que “gobierne para los problemas del siglo XXI” y destine sus esfuerzos presupuestarios a resolver “las agresiones sociales en que viven hoy muchos andaluces”.
Soto aseguró que su partido “no se va a oponer” a tal aportación pero considera que “las heridas se pueden cerrar de muchas maneras, no solo con una compensación económica”. Griñán y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “viven en el pasado”, según Soto, cuando lo que deberían hacer es centrar sus “esfuerzos presupuestarios en los grandes problemas sociales del siglo XXI”.
Citó entre los nuevos problemas el de las víctimas de violencia de género que “no están recibiendo todas las ayudas y respaldo” o el de los discapacitados, mientras que las mujeres víctimas de represión durante la Guerra Civil y el franquismo podrían ser objeto de “reconocimiento social u otro tipo de medidas”, según la portavoz del PP.
El primero en contestar a estas críticas era el propio consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, que instaba al presidente del PP-A, Javier Arenas, a hacer una “manifestación pública” para aclarar “si comparte la opinión” de De Cospedal. El consejero dijo que esta opinión le “apena”, pero no le sorprende, porque Cospedal representa con ese discurso “el rostro más reaccionario de la derecha española dentro del PP”.
Para Pizarro, “la derecha civilizada, moderna, democrática, que las hay en Europa, debería salir inmediatamente a desautorizar” las palabras de la secretaria general del PP.
El consejero subrayó que la opinión de Cospedal “contrasta” y es una “gran contradicción” con el discurso de partido de centro que Arenas trata de difundir en Andalucía y por ello le instaba a que aclare si la comparte.
Pizarro también pedía a Cospedal que “revise sus notas históricas” porque el decreto “no prima a ninguna ideología”, ya que “muchas de las mujeres que fueron vejadas, humilladas, no tenían nada que ver con la ideología de izquierdas de aquella época; eran simplemente familiares de personas que habían sido torturadas, fusiladas, encarceladas, perseguidas, expulsadas de España”.
Mientras, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, acusaba al PP de tener una actitud de “partido acomplejado” ante las iniciativas que se aprueban para desarrollar la Ley de Memoria Histórica, y defendió el decreto de la Junta sobre indemnizaciones a mujeres vejadas durante el franquismo.
Jiménez apuntó que el PP actúa como “acomplejado” ante las medidas que desarrollan la memoria histórica e indicó que ya tiene una trayectoria democrática, por lo que debería quitarse “los complejos de la vinculación histórica que la derecha en España pueda tener con la derecha que en su momento gobernó durante la dictadura franquista”.
Valderas considera la medida oportuna y apuesta por mejorarla e impulsarla
El coordinador regional de IULV-CA, Diego Valderas, calificó ayer de “necesario y oportuno” el decreto aprobado por la Junta sobre las mujeres represaliadas y abogó por “mejorarlo e impulsarlo”.
En declaraciones a los periodistas en Huelva, donde Valderas participó en un acto a favor de la Huelga General del 29 de septiembre, precisó que “nunca es tarde si la dicha es buena, y aunque la medida llegue un poco tarde no es mala si con ello se favorece a quienes fueron muy perjudicados por el Franquismo y el Fascismo y aleccionados en su vida y dignidad y a quienes perdieron seres más cercanos y queridos”.
Manifestó que desde IU se considera que es necesario “seguir impulsando y mejorando” esta medida para que “llegue a todos los sectores que se encontraron afectados por esa situación y que no ha resuelto adecuadamente la Ley de Memoria Histórica”.
Por tanto, Valderas entiende que se trata no sólo de poner medidas de estas características que “valoramos y aplaudimos” sino de “ser capaces de impulsar una Ley de Memoria Histórica más amplia para que la dignidad de aquellas personas y familias afectadas se recupere totalmente”.
En relación a las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, Valderas indicó que “hablamos de dos contextos diferentes”. Uno está relacionado con “resarcir a quienes fueron vapuleados por el Franquismo y el Fascismo” y otras cuestión distinta es que “se tiene que seguir apoyando” a todas las personas descritas por la popular con “fuertes” políticas, “una cosa no quita la otra, lo cortés no quita lo valiente y las dos políticas hay que impulsarlas y desarrollarlas”.