El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, presentó ayer este nuevo decreto por el que aquellas mujeres que sufrieron vejaciones, humillaciones y violaciones, físicas y morales, entre 1936 y 1950 puedan solicitar esta indemnización de 1.800 euros. Para acreditarlas, podrán presentar cualquier prueba que se admita en Derecho, incluídos el testimonio de terceros o declaraciones juradas, aunque Pizarro reconoció que es escasa la documentación que recoge este tipo de humillaciones.
El consejero apuntó que este indemnización es sólo un acto “simbólico” que pretende una reparación moral y a la vez reconocer el papel que jugaron para la consolidación de la democracia actual, aunque quiso reconocer que su silencio y su testimonio ha sido necesario para que los que nacieran después tuvieran conocimiento de las vejaciones y humillaciones a las que fueron sometidas.
Apuntó que se han seguido los mismos criterios que para el resto de indemnizaciones para represaliados del franquismo, ante las críticas de algunas asociaciones de Memoria Histórica que piden un reconocimiento expreso, sobre todo en cada una de las poblaciones donde se mostró para escarnio público a aquellas mujeres en las plazas de los pueblos.
Pizarro señaló que, como ya ocurriera con iniciativas anteriores, las indemnizaciones no parten con un presupuesto cerrado pues dependerá de las solicitudes que se presenten, aunque reconoció que “quedan pocas vivas” de aquella época, aunque conocen algunos casos que tienen recogidas las diferentes asociaciones de Memoria Histórica.
La indemnización acordada, que se suma a las que desde 2001 concede el Gobierno andaluz a otras víctimas del franquismo, hace referencia a acciones vejatorias dirigidas especialmente contra la población femenina, como el rapado de cabeza, la ingesta de aceite de ricino y la exposición al escarnio público.
