Fernández ha explicado a Europa Press que recibió este miércoles un burofax con su citación para declarar como testigo en la causa a petición del PP, con lo que "no tenía plazo para excusar mi asistencia" al Pleno que se celebra este jueves en el Parlamento andaluz, por lo que decidió remitir un escrito a la juez en el que le solicita que le vuelva a citar para otro día.
"Voy a colaborar con la Justicia porque no tengo nada que ocultar. Durante 20 años he gestionado más de 10.000 millones de euros de fondos públicos y es la primera vez que me citan ante un juzgado", ha destacado el ex consejero de Empleo, que se ha mostrado "a disposición de los tribunales para comparecer cualquier otro día" en que no se celebre sesión en el Parlamento andaluz.
"PENA DE BANQUILLO"
En cualquier caso, Fernández ha criticado su comparecencia como testigo ante la juez del caso Mercasevilla y ha comentado a Europa Press que "la única explicación que tiene mi comparecencia es la pena de banquillo que quiere meter --el portavoz del PP del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio-- Zoido, a todo bicho viviente del PSOE".
"Zoido no respeta ni siquiera a sus compañeros jueces, porque uno de ellos ha dicho que en el caso Unidad no hay nada y él lo ha negado", ha resaltado el ex consejero de Empleo, que ha lamentado que el PP esté inmerso en una "estrategia electoral marcada por intentar trasladar a los ciudadanos la imagen de que el PSOE está todos los días en el juzgado".
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla había citado a declarar como testigo al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández a petición del PP para que explicase el procedimiento por el que se concedió la subvención que, posteriormente, dio lugar al presunto intento de cobro de comisiones ilegales.
No hubo trato de favor
Una ex directora general de la Junta dijo ayer a la jueza que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla que la subvención de 900.000 euros a la Escuela de Hostelería se concedió por “oportunidad política” derivada de un convenio pero sin “ningún trato excepcional”.
María Josefa Lara, ex directora general de Formación para el Empleo de la Junta, declaró ayer como testigo sobre la subvención de 900.000 euros a la futura Escuela de Hostelería que pretendía crear Mercasevilla, que presuntamente fue utilizada para pedir una comisión ilegal de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para adjudicarle dicha escuela.
La ex directora general de Formación para el Empleo, en una declaración a la que tuvo acceso Efe, señaló que antes de conceder la ayuda hubo reuniones a las que asistieron varios altos cargos, entre ellos el entonces delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, imputado en las actuaciones, en las que se decidió otorgar una “subvención excepcional”.
Según su testimonio, existía un convenio del año 2007 “del que derivaba la oportunidad política de otorgar una subvención para el sector de la hostelería”, aunque ella misma desconoce si había otras empresas interesadas en llevar a cabo tal iniciativa.
Afirmó que el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, “no mostró ningún interés en su concesión y que más bien al contrario, le dijo por escrito que hasta que no estuvieran todos los requisitos cumplimentados no se resolvería en expediente”.
En el caso de la presente subvención, Lara “no vio ningún trato excepcional”, y con carácter general “siempre que existiera una idoneidad política y se cumplieran los requisitos, se terminaba concediendo”, dijo a la magistrada.
Esta rama del caso Mercasevilla, en la que están imputados los directivos del mercado mayorista Fernando Mellet y Daniel Ponce, junto a Antonio Rivas, fue objeto además ayer de una vista en la Audiencia de Sevilla, donde la Fiscalía pidió que se confirme el procesamiento de todos los procesados pues existen “indicios suficientes”.
El PSOE, personado como acusación particular, pidió que se deje fuera del caso a Antonio Rivas pues ha sido imputado sólo por la declaración ante la Policía de Mellet, a lo que el fiscal contestó que “sería de agradecer” que este imputado “accediese a declarar” para aclarar lo sucedido y no se acoja a su derecho a guardar silencio.
El abogado del PSOE pidió que se retire la acusación contra Rivas por falta de indicios suficientes y añadió que, en cualquier caso, el presunto delito no sería cohecho sino estafa, y por lo tanto no correspondería a un jurado.
El PP, por su parte, solicitó ampliar las irregularidades a la primera subvención de 900.000 euros y su letrada enumeró hasta 20 presuntas irregularidades en el proceso.
Ante ello, el fiscal defendió que en dicha subvención no sólo no hay delito penal sino ni siquiera irregularidad administrativa.
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