Según informó hoy la Benemérita en un comunicado, la investigación arrancó con la denuncia de una persona que interpuso en el Puesto Principal de Los Palacios en nombre de su hijo. Manifestó que había recibido carta de una financiera en la que daba a su hijo la bienvenida como cliente a raíz de la adquisición de un vehículo por un importe superior a 17.000 euros en un concesionario de la localidad. El supuesto adquiriente, ausente por motivos laborales, afirmó no haber realizado ni autorizado ninguna operación crediticia.
El representado había denunciado que había perdido meses atrás el DNI y que, a través de éste, se habían extraído 600 euros de la cuenta bancaria del titular y se había creado otra cuenta bancaria en la que se habían domiciliado pagos de líneas de telefonía móvil.
Ante estos hechos, los guardias civiles cotejaron la documentación y los datos de la operación de crédito, entre otros documentos, y descubrieron que el trámite de entrega del vehículo adquirido no se había producido, aunque era inminente. Así, se personaron en el concesionario y se desplegaron por la zona, contando en todo momento con la transparencia y la colaboración de los responsables del establecimiento. Unos 20 minutos antes de la hora prevista, se personaron dos individuos a recoger el vehículo y presentaron fotocopia de nóminas falsificadas y D.N.I. como propias a nombre del denunciante.
Fueron detenidos M.V.R. y M.R.P. de 37 y 35 años de edad respectivamente por los delitos de estafa, falsedad de documento mercantil y usurpación de estado civil. En la toma de manifestación los detenidos admitieron haber realizado adquisiciones fraudulentas, pero aclararon y posteriormente documentaron que éstas beneficiaban realmente a terceros.
Los supuestos verdaderos inductores y artífices de los delitos eran, en realidad, tres vecinos de Dos Hermanas, 'cuyo modus' operandi concreto consistía en reclutar personas con problemas de exclusión social y que a cambio de una cantidad de dinero o un pago en estupefacientes, realizaban compras suplantando la identidad de terceros, con los que guardaban un grado de parecido.
Presuntamente, la selección de candidatos corría a cargo de un socio de estos tres, un indigente señalado como C.E.D. que fue localizado y detenido. Admitió los extremos investigados y matizó que su trabajo consistía en localizar a personas que no tuvieran problemas de morosidad y, por tanto, hicieran fracasar las operaciones.
Los documentos obtenidos de los detenidos y sus declaraciones permitieron a la Benemérita establecer relación de autoría entre los tres individuos acusados como verdaderos "cerebros" de las operaciones investigadas, por lo que iniciaron la localización de los mismos.
Detuvieron en primer lugar a I.P.R. de 22 años de edad vecino de Dos Hermanas, por estafa, falsedad documental, delitos contra la salud pública, amenazas de muerte --ya que se conminaba radicalmente a los dudosos para que no se arrepintieran-- y asociación ilícita para delinquir.
Una semana después, y debido a unos hábitos cambiantes a fin de eludir la acción policial, fue detenido D.F.R. de 31 años de edad, vecino de Dos Hermanas por los mismos delitos que I.P.R., dado que supuestamente juntos pagaban "servicios prestados" con estupefacientes y amenazaban de muerte, si era necesario, con armas blancas a quien se resistía a colaborar plenamente, una vez iniciados los contactos; y a E.F.R. de 34 años de edad, también vecino de la misma localidad por estafa, falsedad documental y asociación ilícita para delinquir.
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