La proposición de Ley de amnistía a los encausados por el "procés" será una de las primeras misiones que tendrá el nuevo secretario general del Congreso, Fernando Galindo, propuesto por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ya que deberá firmar la ley y previsiblemente adjuntar su valoración jurídica.
La Mesa del Congreso se reúne mañana para votar la propuesta de Armengol de que Galindo, ahora subsecretario de política territorial del Gobierno, sea el nuevo letrado mayor en sustitución de Carlos Gutiérrez Vicent, que tras casi diez años en el cargo había solicitado su relevo.
La función de Fernando Galindo -que previsiblemente empezaría a ejercer su cargo a partir de mañana ya que cuenta con los votos favorables de la mayoría de la Mesa, del PSOE y de Sumar- es clave.
Es el secretario general del Congreso, también conocido como letrado mayor, el que da asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, técnico y administrativo a todos los órganos, emitiendo informes no vinculantes.
Galindo, que hasta ahora trabajaba en el gabinete de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez y que pertenece al cuerpo de letrados de las Cortes desde hace 13 años, tendrá que dar su valoración jurídica a la proposición de ley de amnistía que registre el PSOE junto con sus socios parlamentarios.
Y es que la mayoría de las proposiciones de ley, sobre todo aquellas que son importantes, llevan una anotación de los letrados e incluso podrían requerir de un informe más amplio si así lo solicitan miembros de la Mesa.
De esta forma, la ley de amnistía, que previsiblemente será calificada la próxima semana, aunque también podría llevarse en mano mañana, requerirá la firma del nuevo secretario general de la Cámara baja así como alguna anotación, que fuentes de la Mesa consideran que puede ser breve.
Sin embargo, fuentes del PP han señalado a EFE que sus representantes en la Mesa valorarán solicitar un informe más amplio a esta proposición de ley y recuerdan que en marzo de 2021, el secretario general del Congreso, hoy sustituido, dejó claro que una ley de amnistía era inconstitucional.
Entonces, los partidos independentistas de ERC, JxCAT, CUP y PDeCAT registraron una proposición para pedir la amnistía de todos los encausados por el "procés" en Cataluña desde 2013.
Sin embargo, la Mesa del Congreso, con los votos en contra del PSOE, del PP y de Vox y con el desmarque de Unidas Podemos, que votó a favor, rechazó debatir la proposición de ley después de que los letrados de la Cámara expusieran un informe desfavorable.
Los letrados alegaron que la ley iría contra el artículo 62 i de la Constitución ya que supondría la concesión de un indulto general al afectar a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme.
Aquel informe, firmado por Carlos Gutiérrez, recordaba que en el Código Penal de 1973 (artículo 112) y en el vigente de 1995 (artículo 130) no se contempla a la amnistía como causa de extinción de la responsabilidad criminal, sino que contempla tan solo el indulto que, como "por expresa previsión constitucional solo puede tramitarse y concederse de manera individual".
