Hasta ahora sólo un 3,5 % de las empresas sujetas a esta obligación han comunicado a la Oficina Andaluza Antifraude la puesta en marcha del sistema interno
Unas 5.000 empresas andaluzas con más de cincuenta trabajadores deberán disponer de un canal interno de denuncias antes del 1 de diciembre de este año al que se pueda acudir para informar sobre cualquier práctica irregular de la que se tenga conocimiento en la entidad.
Hasta ahora sólo un 3,5 % de las empresas sujetas a esta obligación han comunicado a la Oficina Andaluza Antifraude la puesta en marcha del sistema interno de información, ha informado este organismo.
Esta obligación se encuentra recogida en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que entró en vigor el pasado mes de marzo y que supone la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019.
La exigencia de puesta en marcha de los canales internos de denuncia tiene como objetivo principal proteger a las personas que informan o denuncian en su ámbito laboral frente a las represalias que puedan sufrir.
Además, las empresas tienen también la obligación de designar a una persona responsable de dichos canales y comunicar su nombramiento a la Oficina Andaluza Antifraude como autoridad autonómica competente para la gestión del Registro de Responsables del Sistema Interno de Información (RRSII) en Andalucía.
Desde la creación de dicho registro, 175 entidades han efectuado la comunicación preceptiva de la persona responsable del sistema, lo que supone el 3,5 % del total de empresas que deben efectuar dicho trámite antes del 1 de diciembre.
Según la Oficina, este porcentaje tan bajo puede deberse a las especiales características técnicas y requisitos administrativos exigidos por la normativa de aplicación, así como a dudas de interpretación de la misma .
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en la ley 2/2023 puede derivar en la imposición de sanciones de hasta un millón de euros, siendo el órgano de administración de las empresas el responsable de las mismas.
En este sentido, desde la Oficina Andaluza Antifraude se ha trasladado un mensaje de tranquilidad dada las dificultades actuales que están sufriendo las empresas para dar cumplimiento a los plazos de una normativa muy rigurosa.
