José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, y los inversores saudíes podrían encontrarse con un obstáculo en sus planes. Frente a la reciente adquisición de un
9,9% del capital de Telefónica por parte de la Saudi Telecom Company (STC), el Gobierno español baraja una serie de opciones que podrían alterar el panorama inversor de la empresa de telecomunicaciones. Una de las medidas más sonadas es la posible entrada de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el accionariado de la compañía.
El objetivo tras esta potencial decisión se centraría en proteger y mantener la
españolidad de Telefónica. Según fuentes cercanas, se está trabajando en una operación que podría llevar a la SEPI a tomar una participación próxima al 5% en Telefónica. Esta maniobra se realizaría en coordinación con otros inversores nacionales, buscando consolidar un bloque accionarial que defienda los intereses estratégicos de España en el ámbito de las telecomunicaciones y la defensa.
Sin embargo, desde el Gobierno se mantiene cierta prudencia. Han mencionado que, aunque existen
"muchos rumores y especulaciones", no realizarán declaraciones oficiales al tratarse de una
"información sensible en bolsa". A pesar de esto, han dejado claro su compromiso de
"defender el interés estratégico" del país y, a la vez, incentivar la inversión extranjera. No obstante, se subraya la necesidad de equilibrar este atractivo inversor con la protección de las empresas consideradas pilares en la economía y seguridad nacional.
La postura gubernamental ante Telefónica siempre ha sido firme. La consideran una de las empresas más estratégicas, resaltando su
"importante papel en el ámbito de las telecomunicaciones y defensa". Nadia Calviño, Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, no confirmó si STC ha pedido autorización oficial para adquirir más del 9% de Telefónica. Sin embargo, ha destacado la relevancia estratégica de la multinacional española, sobre todo en un contexto donde STC podría llegar a ser el principal accionista.
STC, por su parte, anunció sus intenciones a comienzos de septiembre. Su plan es controlar el
9,9 % del accionariado de Telefónica a través de una doble vía: adquiriendo un 4,9% en acciones directas y otro 5% mediante derivados financieros. Una vez que reciba las autorizaciones correspondientes, convertiría estos derivados en acciones. Esta operación, valorada en 2.100 millones de euros, situaría al grupo saudí como el primer accionista de Telefónica, una posición que requiere el aval de varios organismos regulatorios, incluido el Ministerio de Defensa.
