El objetivo es que “de forma inmediata” se inicien los trabajos técnicos previos para que la nueva ponencia entre en vigor “nada más cumplirse el plazo legal” de revisión de la actual.
El aspecto que más ha pesado a la hora de solicitar esta revisión es que la situación inmobiliaria de los años 2006 y 2007, en base a la cual se elaboró la ponencia actual, “nada tiene que ver” con la realidad, ya que “los precios de venta de los bienes inmuebles han ido bajando y por tanto los valores catastrales no responden a la situación real”.
De igual modo, se tiene en cuenta una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 14 de abril que estimaba parcialmente un recurso contra una notificación individual de valores catastrales de bienes inmuebles urbanos, anulando el valor asignado a la finca objeto del recurso.
Por último, en la petición se recuerda que el actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) fue aprobado con posterioridad a la entrada en vigor de la ponencia de valores, no habiendo sido contemplado en el citado documento.
Por todo ello, la Junta de Gobierno Local solicita a la Dirección General del Catastro que inicie una nueva revisión del Catastro “ajustada a la realidad” urbanística de la ciudad.
En su comparecencia ante los medios, Sánchez aprovechó para recordar que “a ningún ciudadano le ha costado más el IBI” como consecuencia de la nueva ponencia de valores, ya que el Ayuntamiento “se comprometió desde el primer día a subvencionar” ese impuesto durante tres años, que era lo que permitía la legislación.
A la espera de que se apruebe la ponencia de valores, el Ayuntamiento de Jerez tiene intención de “buscar y estudiar otras fórmulas, como la bajada del tipo”, para evitar que la valoración actual repercuta en las economías domésticas.
El Gobierno local opta por solicitar una nueva ponencia -y no por pedir la anulación de la actual, tal y como reclamaba el PP-, ya que considera que es la única alternativa viable para zanjar este asunto.
Los populares, por su parte, entienden que todo se debe a un “montaje político”, por cuanto la anulación de la ponencia fue rechazada por el Gobierno central. Además, la medida aprobada ayer por la Junta de Gobierno Local llega “tarde”.
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