Vallejo explicó que en tan sólo dos semanas desde entrada en vigor de la Orden, un total de 178 empresas han iniciado los trámites para acogerse a estas ayudas, a las que hay que sumar otras 75 empresas con las que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) estaba trabajando en esta misma línea antes de la publicación de la Orden.
Esta nueva Orden de ayudas es una de las medidas desarrolladas por el Gobierno andaluz para paliar los efectos de la actual crisis financiera sobre el tejido empresarial andaluz y pretende que ninguna empresa viable se vea obligada a cesar su actividad a causa de la ausencia de liquidez financiera que predomina en los mercados.
Se trata de una medida pionera ante la crisis que está sirviendo de referente para otras regiones españolas como Murcia, que acaba de solicitar a la UE la puesta en marcha de una medida similar, o Castilla y León, que se ha dirigido a la Agencia IDEA para interesarse por esta nueva Orden.
Andalucía ha sido la primera Comunidad Autónoma en poner en marcha una Orden de este tipo, basada en la normativa europea, que ayudará a las empresas, especialmente a las pymes, a encontrar soluciones y certeza ante la situación actual.
Esta Orden fue publicada el pasado 27 de noviembre y, en algo más de dos semanas, más de 250 empresas han iniciado los trámites para acogerse a estas ayudas. De ellas, más de un 80 por ciento son pymes.
La Orden de ayudas a empresas viables, dotada con 87 millones de euros para final de este año y el ejercicio 2009, contempla dos tipos de incentivos, de salvamento y reestructuración. Las ayudas a empresas viables se tramitan a través de una oficina única y se resolverán en el plazo máximo de un mes, en el caso de las ayudas de salvamento, y de dos meses cuando se trate de las de reestructuración.
La ayuda de salvamento está dirigida a empresas que con carácter transitorio se ven en la necesidad de liquidez, bien a través de un préstamos por parte de la Junta de Andalucía o de una garantía para obtenerlo en una entidad financiera. La ayuda cubre un plazo máximo de 6 meses, en los que se analiza la situación y problemas que han llevado la empresas a la crisis.
Tras este análisis se aprueba un plan de reestructuración, acordado con los trabajadores, y se otorgarán las ayudas necesarias para llevarlo a cabo, desde incentivos a fondo perdido, préstamos, bonificación de tipos de interés o garantías para la obtención de créditos, entre otras. Las empresas contribuirán al desarrollo de este plan con un aportación mínima de entre un 25 y un 50 por ciento del coste, según el tamaño de la firma. La cuantía máxima de la ayuda permitida por la Unión Europa es de 10 millones de euros por empresa.
A los tribunales por los despidos injustificados
Por su parte, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, anunció ayer que la Junta no descarta llevar a los tribunales a las empresas cuyas actuaciones "pongan en peligro" la estabilidad de los trabajadores aprovechando la crisis, porque se trata de un acto "atentatorio contra la convivencia social", una medida para la que cuenta con el respaldo del Parlamento tras las propuestas de resolución aprobadas ayer, que faculta a la Junta a adoptar "medidas contundentes" contra este tipo de empresas.
Fernández explicó que esta contundencia ya se lleva a la práctica aplicando el principio de "mayor rigor" de la ley, el de la desestimación de algunos expedientes, el levantamiento de actas de inspección, además de considerar algunas actuaciones por parte de las empresas como un "lícito penal". Aunque no quiso aclarar si se han levantado o no expedientes, sí reconoció que los “indicios” han sido “cortados rápidamente en algunas provincias” rechazando los ERE presentados y obligando a pagar a los trabajadores.
Por tanto, recalcó que ante quienes pretendan "aprovechar una crisis para intereses propios y poner en peligro la estabilidad de los trabajadores, no dudaremos, con la legitimidad que tenemos, en usar todas las medidas que el ordenamiento jurídico prevé para sancionar y perseguir a quien trate, por interés propio, beneficiarse de una situación que afecta a toda la ciudadanía".
Previamente, el consejero de Empleo informó ante el Parlamento de que el 88 por ciento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) resueltos por la Junta entre enero y septiembre han sido finalmente firmados con acuerdo de las partes.
Así, de los 175 expedientes resueltos, 154 han sido acordados con la intermediación de la Consejería de Empleo, mientras que 16 (un 9 por ciento) fueron resueltos sin consenso y 5 están en proceso concursal, en el que es el juez el que dictamina. Los trabajadores afectados por EREs resueltos son 4.614 personas.
Para el consejero de Empleo, el trabajo de la Junta en un "modelo de referencia a nivel nacional" en cuanto a la gestión de la corresponsabilidad de las partes implicadas en los EREs. En este sentido, insistió en que la labor de la Consejería está "amortiguando" el impacto sociolaboral del actual período de crisis.
En Andalucía, los 345 EREs presentados entre enero y septiembre de este año (muchos de los cuales no están aún resueltos) suponen un 11,29 por ciento más que los expedientes del mismo período de 2007, por debajo del incremento nacional, que se sitúa en el 12,19 por ciento.
Asimismo, este dato contrasta con los incrementos de EREs sufridos por comunidades que en años anteriores registraron modelos de crecimiento similares, como la Comunidad Valenciana (un 104,8 por ciento más), Murcia (16,67 por ciento) o Cataluña (29,71 por ciento).
Huelga general
De otro lado, preguntado sobre la posibilidad planteada por UGT-A sobre una huelga general si se llegaba al millón de parados en Andalucía, Fernández opinó que las declaraciones del secretario general del citad sindicato, Manuel Pastrana, "estaban más en la problemática de posibles expedientes injustificados de regulación de empleo".
Para el consejero, la variación y escenario futuro va a estar muy en consonancia con la propia evolución de la población activa. "Aquí podemos llegar a ser hasta prácticamente cinco millones de parados si toda la población teóricamente activa (personas de más de 16 años) nos apuntamos al registro de paro, al final podemos llegar a ser tanto número de parados como personas nos inscribamos en la población activa", dijo.
"Va a depender, por tanto, de la variable de población activa", insistió Fernández, para quien en Andalucía existe en este momento una inscripción de demandantes de empleo que "no tiene explicación lógica ni en el contexto nacional ni europeo". "Es decir, que Andalucía sola, por sí mismo, crezca como población activa más que cinco países europeos juntos o más que seis comunidades españolas no parece que responda a una evolución normal", sentenció.
Para el consejero, si el crecimiento se comporta en términos normales de media española, "la cifras de paro no deben ser el motivo que justifiquen una medida excepcional como es una huelga general".
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