Al menos dos delegaciones, la de Letonia y Lituania, se han mostrado abiertamente en contra de modificar el reglamento que rige el uso de las lenguas oficiales de la UE para incluir el catalán, euskera y gallego, si bien el debate seguirá a nivel técnico en el seno de los Veintisiete ya que un mayor número de socios se han mostrado dispuestos a seguir discutiendo si España detalla cuestiones clave como el coste o su encaje legal.
Así ha quedado reflejado en el debate de apenas media hora que los ministros reunidos en el Consejo de Asuntos Generales de la UE han tenido este martes en Luxemburgo, según han informado varias fuentes diplomáticas a Europa Press.
Ya a su llegada, el ministro de Asuntos Exteriores y exprimer ministro de Letonia, Krisjani Karins, avisó en declaracione a la prensa que no esperaba cambios en las reglas sobre lenguas porque los Veintisiete tienen otros "problemas" geoestratégicos en su agenda "a los que dedicar tiempo y en los que centrarse".
Una vez en la reunión, tanto Karins como su colega lituano, Gabrielius Landsbergis, han expuesto su rechazo por el "impacto político" que tal medida pudiera tener en otros Estados miembros como los suyos, en donde hay una minoría que habla ruso, explican las fuentes consultadas por Europa Press.
En todo caso, otra decena de países han tomado la palabra para indicar que están dispuestos a seguir discutiendo sobre la propuesta española, pero dejando claro que lo harán "sobre la base de un trabajo técnico más detallado".
Ello pone en evidencia que el Gobierno no ha atendido aún la petición que varios Estados miembro hicieron en la ocasión anterior en que se discutió el tema, cuando todos los que intervinieron lo hicieron para pedir una evaluación del impacto económico, práctico y legal de toda modificación.
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha defendido delante del resto de ministros que España está dispuesta a asumir la totalidad del coste que tuviera el reconocimiento de las tres lenguas cooficiales, a pesar de que la inclusión en el reglamento europeo que el Gobierno pide modificar supone que la traducción e interpretación de estas lenguas sería financiado a cargo de las arcas comunitarias.
Tras este segundo debate a nivel de ministros de la UE, España prevé distribuir una propuesta "revisada" que atienda a las preocupaciones expresadas por el resto de Estados miembro, en especial en cuanto a las dudas legales y el coste. Además se ha encargado a la Comisión Europea que presente una evaluación del coste que tiene cada una de las lenguas, han apuntado a Europa Press fuentes conocedoras del debate.
