El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha pedido a la Audiencia Nacional que rebaje la fianza de 120.000 euros que le requirió el juez por el caso Kitchen y ha criticado que el magistrado dedique "especial esfuerzo" a excluir al PP como partícipe a título lucrativo y ninguno a justificar esa cantidad.
Injustificada y desproporcionada considera el exministro la fianza que fijó el juez Manuel García Castellón al abrir juicio oral contra él, su ex número dos Francisco Martínez y parte de la antigua cúpula policial por esta operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas presuntamente orquestada en 2013 desde su departamento.
La defensa de Fernández Díaz, ejercida por el abogado Jesús Mandri, ha presentado un recurso contra dicho auto en el que solicita a la Audiencia Nacional que fije una responsabilidad solidaria de todos los acusados respecto a la cuantía que "de forma motivada" se calcule en concepto de fianza.
Esta cantidad, señala el recurso, no puede exceder los 57.000 euros que la Fiscalía y la Abogacía del Estado calculan que se malversaron en esta operación, supuestamente financiada con fondos reservados y que buscaba hacerse con documentos del caso Gürtel que podrían perjudicar al PP o a sus dirigentes.
Como también hizo su segundo, Francisco Martínez, el exministro critica las diferencias entre las fianzas impuestas (entre 120.000 euros a ellos y al exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y 2.000 euros al excomisario Enrique García Castaño) al ver "falta de motivación" a la hora de imponer unas cantidades "en orden a criterios o parámetros desconocidos" y sin fundamento legal.
Y cuestiona que el juez sí dedique "especial motivación y esfuerzo respecto a otras cuestiones", como el rechazo a abrir juicio oral contra el PP como partícipe a título lucrativo, pero "absolutamente ninguna" a esta.
En su recurso, Fernández Díaz también pide a la Audiencia Nacional que "prescinda de cualquier pronunciamiento relativo a un incremento del 30 % o cualquier porcentaje para garantizar costas e intereses", una decisión que, de nuevo, estima "inmotivada y sin cobertura legal".
Además del exministro, también recurrió el auto de apertura de juicio el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que cuestionó que el PP no vaya a juicio como responsable civil, ya que, según la acusación, la trama habría participado en el supuesto espionaje a Luis Bárcenas "en beneficio" del partido y usando "fondos reservados".
Martínez recurrió también la fianza y solicitó, en contra del criterio del juez, que se considere al PP responsable civil subsidiario a título lucrativo en el caso de que los investigados resultasen condenados.
Ambos exdirigentes se enfrentan a una petición de 15 años de cárcel y se sentarán en el banquillo junto a nueve acusados, entre los que figura el excomisario José Manuel Villarejo y ex altos cargos policiales, en un juicio que todavía no tiene fecha.
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