Este martes ha arrancado en la Audiencia Nacional el
juicio contra Iberdrola Generación y cuatro directivos implicados. La acusación sostiene que en 2013 idearon un sistema para "provocar una subida del precio de la energía eléctrica y
perjudicar a los consumidores".
La asociación FACUA-Consumidores en Acción, que ejerce la acusación particular, ha solicitado una multa de
107,5 millones de euros para la compañía. Esta cifra es el quíntuple de los beneficios que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estimó que la empresa ganó debido a esta actuación.
La asociación también ha pedido penas de tres años de prisión y multas de 18 meses (con una cuota diaria de 400 euros) para los directivos
A.C., G.R., J.L.R.J., y J.P. Estos enfrentan acusaciones por "delitos contra el mercado y los consumidores cometidos en grado de autor".
En la primera sesión,
A.C. y G.R. han refutado las acusaciones, asegurando que "es el mercado el que puede hacer que el precio suba". A.C. argumentó que los precios se definían automáticamente mediante "una máquina", y la intervención humana solo se encargaba de "hacer estimaciones".
Es histórico que una gran eléctrica como Iberdrola se enfrente a acusaciones penales por intentar manipular el precio de la energía. Esta semana también
testificarán J.L.R.J. y J.P., los otros dos directivos imputados. Luego seguirán peritos y testigos, incluido
José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo.
El caso se inició en 2017 cuando la
Fiscalía Anticorrupción denunció a Iberdrola. La eléctrica fue acusada de paralizar intencionadamente las centrales hidroeléctricas de Duero, Tajo y Sil, obteniendo un "lucro ilícito" de unos 20 millones de euros. En 2015, la CNMC multó a Iberdrola con 25 millones de euros por inflar fraudulentamente el precio de la electricidad.
