La Audiencia Nacional inicia este martes el juicio contra Iberdrola Generación y cuatro de sus directivos, acusados de idear un sistema en 2013 para “provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores”. La vista, programada hasta el 1 de diciembre, se centrará en las acciones que, supuestamente, llevaron a un incremento en el precio de la energía vendida.
Según fuentes jurídicas, el juez Ismael Moreno ha detallado que para "conseguir" un "mayor precio en el mercado eléctrico", la compañía y sus directivos incrementaron los precios en las ofertas de energía eléctrica de sus centrales hidráulicas "a un nivel por encima del precio de mercado diario". Esta acción resultó en una reducción de la generación eléctrica de ciertas centrales, alterando las operaciones habituales y los precios en el mercado.
Los directivos implicados enfrentan penas solicitadas por la Fiscalía de hasta dos años de prisión y multas significativas. Además, se ha propuesto una multa de 84.891.272 euros a Iberdrola Generación, una cifra que cuadriplica el beneficio obtenido de estas acciones. La manipulación de precios habría llevado a un aumento del coste de la energía eléctrica, "ocasionando un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 euros", según el magistrado.
Las fianzas impuestas para asegurar el pago de multas y responsabilidades civiles ascienden a cifras considerables, tanto para los directivos como para la empresa, reafirmando la gravedad de las acusaciones de manipulación de precios y el impacto significativo en consumidores y comercializadoras de energía.
La organización FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a la Audiencia Nacional que imponga una multa considerable de 107,5 millones de euros a Iberdrola. Esta cifra es cinco veces superior a los beneficios estimados que la compañía habría obtenido mediante "actuaciones" cuestionables relacionadas con la energía eléctrica.
Además, FACUA ha solicitado penas de prisión y multas significativas para varios directivos clave de la empresa. Los cargos presentados son por "delitos contra el mercado y los consumidores cometidos en grado de autor", incluyendo la petición de tres años de prisión y multas diarias de 400 euros durante 18 meses para cada uno.
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