El Ministerio de Justicia ha comenzado a mover ficha en un asunto polémico: los posibles
indultos al expresidente José Antonio Griñán y otros antiguos destacados ex altos cargos del PSOE. Estos fueron condenados por "delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos" en el sonado caso de los ERE.
La
División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del Ministerio que lidera Pilar Llop, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla, que pronunció la sentencia firme el 19 de noviembre de 2019, "un informe respecto de la petición de indulto" para los sancionados. Según documentos obtenidos por ABC fechados el 28 de septiembre, se pide al tribunal que presente dicho informe para "llevar a cabo la tramitación oportuna".
Diversos condenados, aparte de
Griñán, han solicitado indultos parciales a través de sus abogados. Estos incluyen figuras como Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Fernández, entre otros. Todos han sido condenados en firme, especialmente tras la ratificación del Tribunal Supremo el 14 de septiembre de 2022.
La
suma defraudada en el caso ERE asciende a más de 679 millones de euros. Esta cifra representa el monto desviado por antiguos gobiernos andaluces del PSOE entre 2000 y 2009.
José Antonio Griñán, con una pena de seis años, no ha estado en prisión y, debido a un cáncer diagnosticado en 2022, es improbable que entre en la próxima media década. Otros, como Agustín Barberá, entraron en prisión, a pesar de las alegaciones de problemas de salud.
El caso ERE es considerado uno de los
mayores casos de corrupción institucional en España. Además de las peticiones de indulto, los condenados han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional, aunque recientemente este rechazó suspender las penas de prisión para siete de los condenados.