Ochenta personas han sido procesadas por su presunta vinculación a una red a la que se atribuye una estafa de más de 12 millones de euros mediante un fraude con tarjetas de entidades bancarias de Estados Unidos que llegó a perpetrarse en España a través de compras simuladas en establecimientos comerciales.
Esta macrocausa, surgida de la denominada operación Secreto y que instruye el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, es la de mayor volumen de encausados que se tramita actualmente en la Audiencia Nacional.
Según el auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), al que ha tenido acceso EFE, de lo investigado "se acredita indiciariamente la existencia de una organización criminal que constituyendo sociedades en los Estados Unidos de América con la intención de abrir cuentas bancarias y obtener tarjetas de crédito y débito, se dedicó a defraudar a las entidades bancarias en operaciones" fraudulentas en establecimientos comerciales españoles.
"En las operaciones internacionales realizadas en Europa, cuando se utilizan las tarjetas emitidas por bancos americanos, éstos retienen el dinero de trasferencias internacionales entre cuatro y siete días, mientras que las entidades bancarias españolas retardan la aceptación de la transferencia aproximadamente treinta días, lo que permitía a los miembros de la organización criminal aprovecharse de ese decalaje temporal", explica el juez en el auto.
El fraude consistía en que establecimientos comerciales a cambio de una retribución se prestaban a hacer las operaciones con esas tarjetas bancarias a cambio de un porcentaje, si bien en otras ocasiones los miembros de la organización utilizaron las tarjetas ignorando los titulares de los establecimientos mercantiles el uso fraudulento.
Esto ha llevado al instructor, el juez Francisco de Jorge, a decretar en dicho auto el sobreseimiento para una veintena del centenar de imputados iniciales.
Además, el abogado de una de las procesadas, Javier de Las Heras Dargel, ha conseguido que el juez haya revocado para ella el procesamiento al no haber sido llamada a declarar durante la instrucción de la causa, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa.
No obstante, pese a revocar el procesamiento, el juez acordó citarla para este jueves 28 de septiembre, decisión que el abogado ha recurrido ahora ante la Sala de lo Penal.
En su recurso, al que ha tenido acceso EFE, argumenta que las diligencias de investigación que se acuerden fuera del plazo de instrucción no serán válidas, según el artículo 324 LECrim, "y de ello no escapa la propia declaración de investigado, por lo que no puede acordarse de manera extemporánea a modo de subsanación", advierte.
Un Juzgado de Instrucción de Badajoz abrió esta investigación en diciembre de 2019, al conocer, a través del servicio secreto de Estados Unidos -de ahí el nombre de la operación policial- y de una denuncia del banco americano Synovus bank, la existencia de una organización criminal compuesta por individuos de nacionalidad griega y española, que tenía en España su "epicentro operacional".
Al constatar el carácter internacional de la trama y que se extendía a otras comunidades autónomas, el juzgado se inhibió en favor de la Audiencia Nacional.
La causa se mantuvo bajo secreto hasta la detención en enero de dos de los cabecillas que, según el juez, contribuían "a enriquecer ilícitamente las cuentas bancarias de las mercantiles americanas" para dar apariencia de tener una actividad legal y estabilidad temporal.
Para ello, una serie de investigados daban de alta empresas en EE.UU. para abrir cuentas en bancos americanos en las que recibían "dinero de otros miembros de la organización" desde las cuentas que tenían en España, Dinamarca, Grecia o Alemania.
La investigación permitió descubrir en España 126 comercios presuntamente conniventes con esta trama en Almería, Barcelona, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Jaén, Madrid, Málaga, Toledo y Valencia.
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