La violencia de género es una de las principales preocupaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE): en 2022, 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que otras 35 víctimas sufrieron un intento no consumado de feminicidio, lo que supone un incremento del 66 % con respecto a 2021.
El Ministerio Público analiza en su memoria anual relativa al año 2022 las estadísticas relativas a la violencia machista en el ámbito de la pareja y dedica especial atención a los hechos más graves, feminicidios e intentos de asesinato.
En el análisis se habla de 50 feminicidios en 2022, uno más de los contabilizados en la estadística oficial de Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y de 43 hechos graves, entre los que figuran otras 35 tentativas frustradas de acabar con la vida de las víctimas.
Once de esas 35 víctimas habían denunciado previamente a los presuntos agresores, un 31,4 %.
Esos intentos de asesinato, que no suelen visibilizarse en las estadísticas, se perpetraron en Andalucía (10), Cataluña (9), Madrid (4), Canarias (3), Galicia (3), Valencia (2) y Baleares, Navarra, La Rioja y Castilla y León (uno en cada uno de estos últimos territorios).
A 19 de las 35 víctimas las apuñalaron, a cinco las golpearon, a cuatro las quemaron, a tres las estrangularon, dos recibieron disparos con arma de fuego, una fue cortada con una botella y otra, arrojada al vacío.
En la memoria, la Fiscalía contabiliza los "feminicidios ampliados", que son aquellos asesinatos vicarios de hijos e hijas o personas del entorno íntimo de la mujer cuando son asesinados junto a ella o para hacerle el mayor daño posible.
En 2022, se perpetraron siete feminicidios ampliados y hubo tres intentos no consumados. Fueron asesinados tres hijos e hijas, un bebé gestante a punto de nacer, dos amigos y una madre de las víctimas. Los intentos frustrados tuvieron como víctimas a un hijo común de 19 años, un sobrino de 15 años y un amigo.
Además, se registraron otros cinco hechos graves que afectaron a cuatro hijos (tres de ellos, menores), a un amigo y a una pareja actual de las víctimas.
MAYOR VULNERABILIDAD
El Ministerio Público incide en que la edad (jóvenes o ancianas), la discapacidad, vivir en el entorno rural o ser extranjera son factores que aumentan la vulnerabilidad de las víctimas de violencia machista.
Este año, dedica un apartado especial de la memoria a las víctimas extranjeras, que fueron el 28 % de las mujeres asesinadas en 2022, el 34 % de las que denunciaron violencia de género y el 33 % de quienes solicitaron órdenes de protección, "datos de los que con claridad se infiere una sobreexposición de las mujeres extranjeras a la violencia de género y una especial vulnerabilidad".
Son causas de esa vulnerabilidad la carencia de redes de apoyo, las barreras idiomáticas, el desconocimiento de la legislación, variables socioestructurales y, "sin duda", la irregularidad administrativa en España y la dependencia económica del agresor.
La Fiscalía también califica de "muy preocupante" la incidencia de la violencia de género en el ámbito rural (el 30 % de los asesinatos de mujeres se cometieron en poblaciones de menos de 20.000 habitantes), donde el "enraizamiento de la cultura patriarcal" determina un mayor grado de normalización y dificulta la percepción y el reconocimiento de las conductas violentas y la denuncia.
La escasez de recursos y la dificultad para acceder a ellos por las distancias y deficiencias estructurales, la ausencia de anonimato, el miedo de las víctimas al estigma y a ser señaladas o culpabilizadas y el aislamiento son factores que también dificultan que puedan salir de la violencia y recuperar su vida.
La FGE pide que se adopten cuantas medidas sean necesarias para que las desventajas derivadas de la dispersión geográfica no repercutan negativamente en las víctimas.
DESIGUAL RESPUESTA A LAS VÍCTIMAS
La desigualdad entre territorios vuelve a ser objeto de denuncia en la memoria anual del Ministerio Público, que critica que esta realidad se haya cronificado. Vuelven a observarse diferencias en las órdenes de protección adoptadas, la existencia y dotación de las unidades de valoración forense y las oficinas de atención a las víctimas.
Mientras que las órdenes de protección adoptadas ascienden en Aragón y La Rioja al 84 %; en la Comunitat Valenciana, al 83 % y en Baleares, al 80 %; en Madrid se quedan en el 46 % y en Cataluña en el 47 %.
Ante esta realidad, la Fiscalía pide un estudio cualitativo y cuantitativo que explique esta desigualdad con el objetivo
Lamenta que en materia forense sólo la Comunitat Valenciana esté dotada de suficientes recursos materiales y personales y que la respuesta nacional de las unidades de valoración forense esté en los ocho meses.
TRATA
En 2022, la Fiscalía formuló un 16 % más de escritos de acusación por violencia de género (61.185) y se incoaron 210.723 procedimientos, un 11,5 % más que en 2021.
Los procedimientos judiciales por delitos de trata subieron un 3,74 %, hasta los 194 (tres de cada cuatro con fines de explotación sexual). Ese año se identificaron 231 víctimas de trata con fines de explotación sexual, 13 de ellas menores de edad.
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