La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, hizo ayer un llamamiento a bancos y cajas de ahorro de Andalucía para que flexibilicen sus criterios a la hora de conceder créditos financieros a la empresas promotoras de residencias y otros recursos asistenciales de la Ley de la Dependencia, como Unidades de Estancia Diurna o de Noche, ya que, según advirtió, "el contexto actual de crisis económica invita a prever que estas empresas tendrán serias dificultades para beneficiarse de un crédito bancario".


En un desayuno informativo sobre el acuerdo de copago alcanzado en el último Consejo Territorial de Dependencia, Navarro demandó a la entidades financieras de la comunidad que "tengan en cuenta, a la hora de conceder un crédito la inversión tan eficaz y absolutamente necesaria que realizan las empresas promotoras de recursos asistenciales".


Según Navarro, la coyuntura de crisis económica hace prever que "en un año y medio o dos estas empresas van a encontrarse con serias dificultades para beneficiarse de un crédito financiero", empresas con la que la Junta de Andalucía "se ha comprometido a concertar plazas para la atención de personas dependientes".


"Cada banco o caja andaluza tiene que establecer los criterios económicos que crea oportunos -apuntó-, pero pido por favor que tengan en cuenta la labor necesaria que desempeñan estas promotoras y que, a su vez, constituyen una fuente de empleo estable".


Navarro aseguró que, en estos momentos, "hay suficientes plazas residenciales para cubrir la demanda existente, muchas de ellas, concertadas con la Junta de Andalucía". Así, indicó que se ultiman en Andalucía en la actualidad unos 130 recursos asistenciales, además de iniciarse varios proyectos en diferentes zonas de la comunidad.


También se refirió la consejera a los criterios acordados en el último Consejo Territorial para la acreditación de los centros que presten servicios de atención a la dependencia, los cuales tendrán tres años para adecuar tanto su ratio de personal como las condiciones físicas o estructurales de sus edificios.


Según la titular del ramo de Igualdad, en Andalucía "no va a haber problemas de acreditación, porque la inmensa mayoría de los centros están construidos en condiciones y, de hecho, ya están atendiendo a dependientes". No obstante, advirtió de que en los centros que dentro de tres años no cuenten con la acreditación pertinente "no se pondrán concertar plazas".


Copago


Por otro lado, respecto al acuerdo alcanzado entre las CCAA y el Estado sobre el copago o participación de los beneficiarios en la financiación de las prestaciones, la consejera insistió en que "el copago no es ninguna novedad, pues siempre ha existido esta figura en todos los recursos previstos por la Ley de Dependencia y en otros recursos de la red social".


Navarro recordó que el Gobierno Central ha establecido que la determinación del copago atenderá a la capacidad económica de los usuarios relativa a la renta y el patrimonio. Así, fijó que los beneficiarios cuya capacidad sea menor a una vez el IPREM (6.202,80 euros al año o 516,90 al mes) quedarán exentos del copago en prestaciones y servicios, mientras que, para los que la superen, será cada CCAA la que decida los índices de reducción, teniendo en cuenta los umbrales mínimos (70 por ciento del coste del servicio) y máximos (90 por ciento) determinados por el Estado.


En este sentido, garantizó que en Andalucía, la Junta "no establecerá un copago que vaya más allá de lo que ya se está cobrando en la región en la mayoría de los casos". Así, indicó que en la comunidad siempre se ha cobrado al usuario el 75 por ciento de su pensión no contributiva para los servicios de residencia, salvo que tenga a su cargo un cónyuge, un hijo no emancipado o un familiar discapacitado, caso en el cual se detrae sólo un 50 por ciento.


Igualmente, en cuanto a las Unidades de Estancia Diurna (UED), en el caso de los discapacitados se detrae el 25 por ciento de su pensión, mientras que para los mayores es del 30 por ciento (que varía dependiendo del número de horas que tengan contratado el servicio).


Asimismo, los dependientes cuya capacidad económica esté por debajo del Iprem, quedan exentos de la cofinanciación en la ayuda a domicilio. Una vez superado este índice y dependiendo de la renta y el patrimonio que posea, la participación puede oscilar entre el 5 por ciento del coste del servicio hasta el 80 por ciento (beneficiarios con una renta de entre unos 5.000 y 6.000 euros mensuales). La mayoría de los usuarios en Andalucía, según explicó, se encontraría o bien exentos del pago, o sólo tendrían que aportar un 10 por ciento del coste del servicio (usuarios con una renta de 1.500 euros mensuales).


Para Teleasistencia, se establece que los usuarios mayores de 80 años, independientemente de cual sea su capacidad económica, quedan exentos de pago, aportando sólo un porcentaje "mínimo" los menores de 75 años cuya capacidad sea igual o superior al 75 por ciento del Iprem.


En cuanto a la prestación económica, una ayuda "personal, en cuyo cómputo no cuenta la unidad familiar", se determina que a los beneficiarios cuya capacidad sea inferior al Iprem se les financiará el cien por cien, tanto para la ayuda vinculada al servicio, cuidados en el entorno familiar o asistencia personal. A partir de este umbral, la financiación oscila entre el 90 por ciento del servicio (de una a dos veces el Iprem) al 50 por ciento (más de cinco veces el Iprem).


En Andalucía, como en otras CCAA, se ha establecido, que, una vez hechas las deducciones correspondientes, ningún gran dependiente puede recibir menos de lo equivalente a una pensión no contributiva (328 euros), o el 75 por ciento de la misma en el caso de los dependientes severos de nivel II.


De otro lado, la consejera quiso aclarar que, tal y como se ha acordado entre Estado y CCAA, la vivienda sólo computará para determinar el nivel de copago, en el caso de que el servicio que reciba el dependiente sea de atención residencial -o la prestación económica vinculada a este servicio- y no tenga personas a su cargo que continúen viviendo en su casa. Según afirmó, el domicilio habitual nunca se ha tenido en cuenta en Andalucía hasta el momento, sólo el patrimonio, aunque indicó que, con estos nuevos criterios, la Junta se "planteará esta posibilidad".