En una nota, el vicepresidente de Areda, Agustín Rodríguez, valoró la puesta en marcha de esta ley que recoge propuestas de la asociación y destacó que la entrada en vigor de esta ley será "inmediata, y no supondrá ningún retraso temporal en su aplicación".
Así, destacó que el texto normativo es "una herramienta muy deseada por los regantes", que dará "respaldo a las demandas existentes presentes y futuras del regadío andaluz, además del sector industrial, mediante la modernización del cien por cien de los regadíos".
En el texto definitivo, según indicó, se incluyen mejoras en el régimen tarifario, en el canon de servicios generales, de modo que estos se establecen como un concepto universal para todos los usuarios andaluces, incluyendo a los de aguas subterráneas, a excepción de los aprovechamientos menores de 7.000 metros cúbicos.
Asimismo, según explicó, una de las novedades que recoge la Ley de Aguas entre su articulado es la eliminación de la Agencia Andaluza del Agua como organismo competente.
Por su parte, Feragua informó de que ha hecho llegar a la Consejería de Medio Ambiente su "profundo malestar" por los "desconcertantes episodios" en la política de aguas andaluza, primero con el anuncio de la desaparición de la Agencia Andaluza del Agua y finalmente con la adaptación "improvisada" de la Ley de Aguas a los cambios previstos en la estructura de la administración.
Feragua ve con "enorme preocupación" que las competencias del agua vayan a quedar "diluidas dentro de las más genéricas de medio ambiente" y consideró que este nuevo enfoque "rompe uno de los consensos básicos del Acuerdo Andaluz por el Agua, que se refería a una Administración del Agua con mayúsculas". Asimismo, señaló que contemplan con "gran inquietud" que las competencias vayan a quedar repartidas entre una secretaría general y una "macroagencia de nueva creación, que integre a la actual Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa)".
Además, consideró que esta reforma "no va a producir ningún tipo de ahorro, va a introducir una mayor descoordinación en la gestión de las políticas de aguas, y sobre todo se va a traducir en una mayor intervención política en la gestión del agua".
Asimismo, indicó que teme que detrás de esta operación "se esconda un afán de aumentar la capacidad recaudatoria, y que, al quedar diluidas las competencias sobre el agua dentro de las más genéricas de medio ambiente, los nuevos gestores traten de imputar a los usuarios algo más que los de costes de las obras hidráulicas de las que se benefician".
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