El auto dictado por el magistrado instructor del procedimiento el pasado día 23, al que tuvo acceso Europa Press, obliga a Torres, con condición de aforado, a abonar una fianza de 12.000 euros para enfrentar las posibles responsabilidades civiles derivadas de una causa en la que la Fiscalía no ha formulado acusación al considerar que la actuación del primer edil virgitano fue una cuestión "administrativa" y no constitutiva, por tanto, de delito.
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