La Fiscalía Anticorrupción acepta que José Antonio Griñán no ingrese en prisión por la enfermedad “grave e incurable” que padece y ahora será la Audiencia Provincial de Sevilla la que debe tomar la decisión final.
El expresidente de la Junta de Andalucía fue condenado a seis años y dos días de prisión e inhabilitación durante 15 años por los delitos de prevaricación y malversación por el caso de los ERE. Su defensa solicitó que se suspendiera su ingreso en prisión y varias veces Griñán fue citado por la forense del Instituto de Medicina Legal (IML) para presentar los informes del tratamiento y evaluación de seguimiento del cáncer de próstata.
El IML desaconsejó el pasado 15 de junio su entrada en la cárcel y este miércoles lo avala también la Fiscalía Anticorrupción, que “no se opone” a que al expresidente andaluz se le aplique el artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que “los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables”.
Tras conocer la resolución de la Fiscalía Anticorrupción, y contando con la opinión del PP, personado en el caso como acusación, la Audiencia de Sevilla decidirá próximamente sobre la entrada o no en prisión del expresidente andaluz.
Griñán es el único de los ex altos cargos de la Junta condenado a prisión que permanece en libertad y está pendiente, como otros condenados, de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre los recursos que presentaron.
Otras siete personas fueron condenados en el caso de los ERE y seis de ellas ya entraron en la cárcel, puesto que el plazo terminó el 2 de enero de 2023. Se trata de Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación; José Antonio Viera, exconsejero de Empleo y que ya ha podido acceder al tercer grado penitenciario por motivos de salud; Juan Márquez, ex director general de Trabajo; Miguel Ángel Serrano, ex director general de IFA e IDEA; Jesús María Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación; y Carmen Martínez-Aguayo, exviceconsejera de Economía y Hacienda, quien fue la primera en comenzar a cumplir la condena. En el caso del consejero Agustín Barberá, la Audiencia ya suspendió su ingreso por enfermedad grave.
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