Iberdrola se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 17 de octubre en un juicio histórico en España. La Audiencia Nacional ha informado a Iberdrola Generación España SAU, una subsidiaria de Iberdrola, que el juicio por el presunto cierre intencionado de embalses con el propósito de inflar artificialmente el precio de la electricidad comenzará el 17 de octubre próximo y se espera que se extienda hasta el 1 de diciembre. Según publica El Confidencial, este caso marca la primera vez en la historia de España en la que se lleva a cabo un juicio oral contra una compañía eléctrica por supuestamente alterar las tarifas. La Fiscalía acusa a la empresa multinacional presidida por Ignacio Sánchez Galán de cometer un delito en perjuicio de los consumidores y del mercado. Así, considera que en 2013 la compañía "ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía" con la finalidad de "provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores".
En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, envía al banquillo a la compañía y a sus directivos por un delito relativo al mercado y a los consumidores. En concreto, el juez detalla que, "para conseguir" un "mayor precio en el mercado eléctrico", aumentaron el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre noviembre y diciembre de 2013. Y lo hicieron, añade, "a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad". "Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía", añade el juez.
Esa decisión fue adoptada, sostiene, que fue tomada por el equipo directivo de Iberdrola compuesto por el director de Gestión de la Energía, Ángel Chiarri Toscano; el responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, Gregorio Relaño Cobián; el responsable de Gestión de Activos, José Luis Rapún Jiménez; y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global.
Para los cuatro directivos la Fiscalía solicita, respectivamente, la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, relacionado con la generación o comercialización de energía eléctrica, y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas.
El Ministerio Público pide igualmente que se imponga a Iberdrola Generación una pena de multa de 84.891.272 euros -- el cuádruple del beneficio obtenido-- así como el decomiso de las ganancias obtenidas.
EL "ARTIFICIO URDIDO POR LOS ACUSADOS"
En su auto, el instructor detalla que Iberdrola quebrantó "el orden de mérito de las centrales en el despacho de producción, provocó la reducción de generación eléctrica de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, y, como consecuencia, que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80/90 €/MWh frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado en 45/55 €/MWh".
Fue a partir del 24 de diciembre de ese mismo año, 2013, cuando "el cambio de las condiciones meteorológicas por fuertes borrascas y viento provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables".
"La consecuencia del artificio urdido y llevado a cabo por los acusados fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 €/MWh, que ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 de euros, teniendo en cuenta que la misma en el período objeto de acusación fue de 15.000 GWh y que el mayor coste dimanante de la actuación de Iberdrola, como antes hemos señalado, fue de 7,156 €/MWh", apunta el magistrado.
Solo en ese periodo la compañía despachó un total de 2.965.779 megavatios, "lo que le supuso un beneficio de 21.222.818 euros", lo que habría provocado perjuicios a distintas comercializadoras de esa energía.
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