Fuentes de la Fiscalía informaron ayer a Efe de que no van a recurrir el auto de archivo dictado por el juzgado de instrucción 4, que se basó en un informe de la Policía según el cual un rastreo de todas las llamadas recibidas por la joven Rocío P. G. no encontró ninguna que pudiese atribuirse al denunciado.
Al no haber ninguna otra parte personada en este sumario desgajado del que investigó la muerte de Marta del Castillo, su archivo será declarado firme en los próximos días, según las citadas fuentes.
Rocío P. G, de 15 años, denunció tal llamada amenazante en septiembre de 2009, ocho meses después de la desaparición de Marta, cuando dio una nueva supuesta ubicación del cadáver en un descampado próximo a su domicilio de Camas (Sevilla), donde a continuación se buscó sin éxito durante varios días.
Entonces explicó que no lo había revelado antes por miedo, ya que una persona le llamó por teléfono al móvil y le amenazó con “darle una paliza” y “rajar a su madre” si contaba lo que, supuestamente, el asesino confeso de Marta, Miguel Carcaño, le había confesado.
La Policía rastreó las llamadas recibidas por los diversos móviles que utilizaba la joven en enero y febrero de 2009, cuando supuestamente recibió la llamada, y no encontró ninguna que pudiese vincularse con Francisco Javier Delgado o su entorno.
Pese a ello, el pasado 16 de marzo la joven acudió al juzgado y confirmó ante el juez la identificación que hizo de la voz de Francisco Javier como la persona que le amenazó.
La menor dijo que la llamada procedía de un número anónimo y que la recibió entre la desaparición de Marta, el 24 de enero de 2009, y la detención de Miguel, el 14 de febrero.
Francisco Javier, por su parte, negó haber hecho tal llamada y su abogado dijo entonces a los periodistas que la identificación se hizo de manera “patética”, porque fue realizada mediante la grabación de un “pinchazo” telefónico que le puso la Policía en la que únicamente hablan los dos hermanos.
El sumario principal por la muerte de Marta se encuentra pendiente de juicio ante un jurado popular, donde la Fiscalía pedirá para el asesino confeso 52 años de cárcel y ocho para su hermano por encubrimiento.
Será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que determine el magistrado que presidirá el tribunal del jurado popular, tras las recusaciones de las defensas de tres de los cuatro acusados a la jueza inicial.
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