Andalucía va a recibir del Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial, 28.101.764 euros para subvencionar proyectos de digitalización en entidades locales, pertenecientes a la convocatoria de 2022 y con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos NextGenerationEU.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, en total, las entidades locales beneficiaras en todas las comunidades autónomas recibirán una inversión de 149 millones de euros para financiar la puesta en marcha y desarrollo de proyectos de digitalización y modernización de las administraciones locales y sus servicios.
Esta convocatoria, para municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes, diputaciones forales y provinciales, cabildos, consejos insulares, Ceuta y Melilla y comunidades autónomas uniprovinciales, inició su plazo de presentación de solicitudes el pasado mes de agosto.
Los criterios de asignación de las ayudas se consensuaron con las entidades locales, a través de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Un total de 265 ayuntamientos de toda España, con población entre 20.000 y 50.000 habitantes, estaban llamados a presentar sus proyectos en esta convocatoria, así como 60 diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares, ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o comunidades autónomas uniprovinciales.
La convocatoria que se ha resuelto este viernes es la segunda impulsada desde el Ministerio de Política Territorial, después de que en 2021, con una dotación de 92,7 millones de euros, se destinara a ayuntamientos con más de 50.000 habitantes para sus proyectos de digitalización.
En 2023 está prevista una tercera convocatoria para completar el presupuesto que el Plan de Recuperación destina a la modernización y digitalización de las entidades locales.
Entre las prioridades de las subvenciones presentadas para la modernización y digitalización de las entidades locales figuran la mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a ciudadanos y empresas, la reducción de la brecha digital y la mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos.
Además se ha tenido en cuenta la reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas y la utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, automatización y robotización, plataformas, etcétera).
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