El tema que volvió a relucir, por la falta de consenso, fue el de la plaza de abastos y las opciones de futuro. A pesar de que la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, confirmara que el único punto con alguna modificación es precisamente el referente a la plaza de abastos, reflejado en un documento que la oposición recibió el pasado martes, por lo que el PSOE solicitaba entre ocho y diez días para poder examinar el documento, la oposición no estuvo de acuerdo con el cambio, que básicamente viene a decir que el Gobierno no opta por ninguna opción de las que se han tratado, bien convertir el edificio en plaza pública o conservarlo para darle un uso distinto, con el consabido traslado de la misma a la bodega de la Cuesta, contando con que Caballero diera el visto bueno a los preceptos que llevarían a dicha cesión, mientras se moderniza el edificio actual.
El portavoz de IP, Juan Gómez, confirma que su grupo va a ser fiel defensor del mercado de abastos y su entorno, considerando que dinamiza mucho a las calles adyacentes, dejando claro que “no queremos aparcamientos en la plaza de abastos”, apuntando que “la fábrica de harina de la calle Postigo es un buen lugar”. El portavoz de IU, Julio Acale, considera que “se había quitado la catalogación del mercado de abastos, que existía en el PGOU, a pesar de que, al igual que apuntó Territorio y Ciudad, consideramos el valor de la actividad comercial y su entorno es suficiente, pero creemos que detrás de todo esto”, a pesar de que apuntan que “se ha dado marcha atrás dejando abierta la opción de decidir con respecto al mercado”, detrás está “el objetivo de Caballero”.
El concejal andalucista, Antonio Jesús Ruiz, en cambio, tiene muy clara su postura, “la situación comercial del casco histórico y la plaza de abastos es muy particular. La Flave, la asociación de amas de casa y muchos de los placeros están de acuerdo con nuestra propuesta de traslado”, a pesar de que los únicos que ponen peros son los comerciantes del exterior. “Otros gobiernos anteriores han dejado a El Puerto lastrado y en detrimento de otras ciudades cercanas”, como Jerez o Cádiz, por ello entienden que es necesario “ampliar el mercado de abastos y que se mantenga el uso comercial del edificio”.
Cascos bodegueros
Otro tema que sacó a colación Izquierda Unida fue el referente a los cascos bodegueros, no sólo de la calle Valdés o Campo de Guía, sino de aquellos que, por encontrarse en la zona de las calles Rueda, Zarza, Cervantes, La Rosa, San Francisco de Paula, etc, se enfrentan a menor protección (pues se han delimitado de nuevo los límites del Pepch), vaticinando que serán presa del derribo, como otros edificios en la ciudad (como la Casa de las Cadenas, que no entienden que por un lado se incluya la zona trasera en la protección integral que se debe hacer y en otros no o el edificio de Roque Aguado, en el que se le quita la protección a la zona trasera).
Apunta Acale que “estando dentro del Pepch tendrán mayor protección”. Ybarra indica que, de la batería de propuestas que realizó IU, no tenía conocimiento de las mismas, pues no se han expuesto en las comisiones de seguimiento del Pepch.
En lo que respecta a la calle Valdés, Acale apunta que hay rebaja de la protección de unos 30 edificios y la eliminación del grado de protección en unos 50, señalando además que la polémica en Valdés fue que “no se podía planificar lo que se iba a hacer en una acera sin tener en cuenta la otra”. Con todo, IU no acepta la planificación para esta zona, que pasa por conservar algunos cascos bodegueros tal cual, pasar la actividad que queda al polígono y convertir otros cascos en equipamientos. “Tienen un modelo de ciudad muy conservacionista, les espetó Ybarra.
Con todo, como ni Gobierno ni oposición se pusieron de acuerdo, se dejará el documento encima de la mesa, una vez haya aprobación por parte de la junta de Gobierno local la próxima semana, para que todos, incluidos los ciudadanos, puedan hacer sus alegaciones, como destacaron los partidos políticos que harán en el periodo que se abrirá a partir de entonces y durante dos meses en el Palacio de Araníbar.
Al PA también le preocupan los datos de financiación del Pepch, pues a la Junta le corresponden 27,5 millones de los 91 que cuesta este documento, “y en materia de rehabilitación todos sabemos que la inversión ha sido cero”. Pero el hecho de que el 40% salga de la iniciativa privada tampoco deja tranquilo a Ruiz, por lo que confirma que comenzara también una ronda de encuentros con las empresas que puedan estar interesadas en realizar las infraestructuras necesarias y previstas para el casco histórico, que al igual que Barrio Alto, necesita una gran inyección económica que aún no se le ha dado.
Operación de tesorería
Pero el Pleno constó de otra situación peliaguda, la propuesta de suscripción de dos operaciones de tesorería. Mientras que el equipo de Gobierno considera que es positivo que la CAI ofrezca dos millones de euros al Ayuntamiento para poder pagar a pequeños proveedores, como resultado del trabajo de contención del gasto y gestión económica, la oposición en bloque considera que dicha operación viene dada por la relación con la CAI (pues el alcalde es consejero de la misma), así como porque la póliza está sujeta a la recaudación de la basura.
Por lo tanto, “no es por generosidad pura” de la CAI, admite la edil de IU, Ángeles Mancha. “Debiendo 48 millones de euros no sé que van a pagar con dos”, se pregunta el portavoz socialista ayer, Joaquín Corredera, confirmando que “han incrementando y lo siguen haciendo la deuda de este Ayuntamiento”, habiendo crecido a corto plazo “más de siete millones, y si nos endeudaran para pagar, vale, pero no lo hacen”, por lo que solicitan que se ponga en marcha el plan de endeudamiento, que la edil de Economía y Hacienda, Leocadia Benavente, asegura que se aplica desde 2009. Lo que parece claro, por lo menos para la oposición, que habló en palabras del secretario en funciones de la comisión informativa celebrada el martes, es que “este ritmo no se puede llevar”.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
