Díaz Trillo, que ayer presidió la reunión del patronato de la Fundación del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), respondió así a preguntas de los periodistas sobre el manifiesto que presentaron ayer técnicos relacionados con la gestión del agua en el que pedían una estructura administrativa “más austera y respetuosa con la unidad de cuenca”.
El consejero señaló que la ley está consensuada “con prácticamente todas las organizaciones y asociaciones que tienen que ver con el agua” y que da cumplimiento a esa unidad de cuencas natural, que desde punto de vista ecológico “es imprescindible que exista”.
Indicó que al mismo tiempo establece demarcaciones hidrológicas y distritos hidrográficos, y aclaró que “ordena adecuada, ecológica, natural y políticamente la gestión del agua”, dándole “no sólo una razón ecológica y geográfica fundamental, sino también una razón administrativa más eficaz y acorde con los tiempos”.
Apuntó que “seguramente puede haber algún tipo de cambio nominal” si cambia el nombre de la agencia o de la empresa en cuestión, pero, matizó, “el espíritu y la letra de esta ley va a seguir para adelante ya que es muy buena ley, es la que necesita Andalucía y es la que va a tener”
Además, recordó la apuesta del presidente Griñán el miércoles pasado en el debate del estado de la Comunidad para hacer una gestión “más ágil, cercana y ajustada a los tiempos” de las empresas públicas y de ahí “la reducción que pueda haber de algunos cargos directivos, pero para nada la necesaria respuesta en cuanto a funcionarios, en cuanto a obligaciones o en cuanto a compromisos públicos”.
Manifiesto
Así, técnicos relacionados con la gestión del agua suscribieron ayer un manifiesto en el que reclaman una estructura administrativa del agua en Andalucía “más austera y respetuosa con la unidad de cuenca” e instaron a los parlamentarios andaluces a que apliquen estos principios en la próxima Ley del Agua.
El manifiesto, que fue suscrito por ingenieros de camino, agrónomos, técnicos agrícolas e industriales, expertos en la gestión hídrica y regantes, recuerda que España fue pionera en 1926 en aplicar la gestión hidráulica con el principio de unidad de cuenca, lo que se ha extendido al resto de Europa.
Este modelo de gestión “ha proporcionado un marco de gestión razonable” y “ha evitado las tensiones entre territorios distintos de una misma cuenca”, señala el manifiesto.
Sin embargo, los estatutos de autonomía de Cataluña, Aragón, Valencia, Andalucía y ahora el de Castilla y León “invaden” las competencias del Estado en la gestión del agua al legislar sobre los ríos que pasan esas comunidades, ha criticado en rueda de prensa el presidente de la Comunidad de Regantes de España, Andrés del Campo.
“Se está cambiando el concepto y el agua no parece que sea de todos, sino del que la tiene más cerca. Esto es un nido de conflicto entre comunidades autónomas”, subrayó Del Campo antes de alertar sobre la “contaminación política del agua” que se está produciendo.
En el manifiesto también se pide una nueva estructura administrativa del agua en Andalucía adaptada al principio de unidad de cuenca y no por direcciones provinciales, lo que permitiría “adelgazar la estructura directiva” y ahorrar en el gasto público.
El texto suscrito explica que la unidad de cuenca “favorece la gestión pacífica y ordenada del agua” en las comunidades autónomas afectadas por la cuenca del Guadalquivir, lo que ha permitido, por ejemplo, que la demanda hídrica de la comarca de Puertollano en Castilla-La Mancha tenga su origen en Andalucía.
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