El Tribunal Constitucional (TC) celebrará un nuevo Pleno esta semana en el que admitirá a trámite los recursos presentados por los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, contra las condenas recibidas por el 'caso ERE', al tiempo que rechazará el recurso del PP contra las fórmulas atípicas que usaron diputados independentistas para jurar o prometer su cargo en 2019, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El recurso 'popular' se dirige contra el acuerdo adoptado por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en la sesión constitutiva de la Cámara Baja el 21 de mayo de 2019, y contra los acuerdos posteriores de la Mesa de la sede parlamentaria, de 23 de mayo y 20 de junio de ese año.

En esa sesión constitutiva, los diputados de ERC y Junts, entre los que se encontraba el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, prometieron la Constitución por imperativo legal, aludiendo al "mandato del 1 de octubre" de 2017, a la "república catalana" y a los "presos políticos".

Tanto el PP como Ciudadanos pidieron entonces a la Mesa del Congreso que revisase una a una todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución para certificar que se cumplió el trámite adecuadamente. Pero el órgano rector, con mayoría del PSOE y Unidas Podemos, se reafirmó en la posición de Batet de darlas por válidas.

El entonces PP de Pablo Casado recurrió en amparo al TC al considerar que con esas expresiones los diputados independentistas no cumplieron con el requisito de juramento o promesa de acatamiento de la Carta Magna previsto en distintas normas, vulnerando así la propia doctrina constitucional.

"El PP no puede pasar por alto y no va a permitir que se falte al respeto a la soberanía nacional y a las instituciones, ya que un acto que tiene por objeto el sometimiento a ley no puede pasar a la historia como un acto de desprecio a la misma", alegaba el PP.

Posteriormente, Ciudadanos impugnó también al considerar también que lo que hicieron los diputados de ERC y Junts fue "mofarse de la Constitución y de las leyes y humillar a todos los españoles".

El asunto ha caído en manos de la magistrada María Luisa Segoviano, que propone rechazar el recurso 'popular' y dar vía libre para que los parlamentarios cumplan con el trámite de acatar la Constitución como consideren, una posición que recibirá el respaldo del Pleno, según las citadas fuentes.

Los efectos de esta sentencia podrán percibirse después de las elecciones generales del 23 de julio, tras las cuales está previsto que las Cortes Generales se constituyan el 17 de agosto.

DOS PRECEDENTES

Fue en septiembre de 2020 cuando el TC admitió a trámite los recursos de PP y Ciudadanos contra dichos acuerdos, aunque con el voto en contra de la entonces minoría progresista de cuatro magistrados, entre ellos el del actual presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido.

El Pleno, por una mayoría de ocho votos, apreció una especial trascendencia constitucional por entender que el asunto suscitado va más allá del caso concreto, pudiendo tener consecuencias políticas generales, lo que implicaba la necesidad de aclarar la doctrina existente.

Sin embargo, no será la primera vez que el TC se pronuncie sobre los acatamientos poco ortodoxos. En octubre de 2017 ya rechazó un recurso del PP contra la negativa de varios parlamentarios vascos a jurar la Constitución.

La corte de garantías estimó que la decisión adoptada el 21 de octubre de 2016 por la Mesa de Edad del Parlamento del País Vasco, que aceptó que los diputados nacionalistas obviaran el trámite de acatar la Constitución, "no lesionó el derecho del resto de parlamentarios a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes".

Ya en 1990, un TC encabezado por Francisco Tomás y Valiente dio la razón a tres diputados de Herri Batasuna (HB) que acudieron a la corte de garantías después de que el presidente del Congreso en esa época, Félix Pons, les negara la condición de parlamentarios por prometer la Carta Magna "por imperativo legal".

Este fallo fijó que "en un Estado democrático (...) no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata". "Se olvida el mayor valor de los derechos fundamentales y se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora", dijo.

Los añadidos a la fórmula original volvieron a repetirse en los plenos constitutivos del 3 de diciembre de 2020. Y Vox lo llevó de nuevo al TC apuntando a las fórmulas empleadas por un total 29 diputados de ERC, Junts, CUP, Bildu y Unidas Podemos.

En esta ocasión, los independentistas prometieron la Constitución "por la libertad de los presos políticos" o "por la república catalana", y otros parlamentarios añadieron distintas coletillas: "Por la democracia y los derechos sociales", dijeron diputados 'morados; "Por España", manifestó el presidente de Vox, Santiago Abascal; o los 'clásicos' "por imperativo legal" que pronuncian siempre desde PNV, Bildu, ERC o Junts.

LOS ERE

Además, este lunes la Sala Segunda analizará la admisibilidad de los doce recursos de amparo presentados por la sentencia de los ERE. En un principio, el asunto se incluyó en el Pleno del 22 de mayo, pero finalmente se decidió no abordarlo hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del día 28.

Las fuentes recordaban en este sentido que el TC suele regirse por la norma no escrita de evitar pronunciarse sobre asuntos políticos en el marco de contiendas elecciones.

Tras el anuncio efectuado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, algunos magistrados pusieron de relieve la necesidad de postergar nuevamente esta deliberación, pero, después de consultar con varios magistrados, se ha optado por mantenerlo.

Cabe recordar que la admisión a trámite no implica manifestarse sobre el fondo del asunto. La magistrada responsable de estas ponencias es la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, en cuyo despacho recayó la primera impugnación, la presentada por la ex ministra socialista Magdalena Álvarez.

Aunque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que la propuesta de admisión o no de los recursos de amparo es competencia de las secciones, en este caso tuvo que elevarse a la Sala Segunda porque no había unanimidad entre los tres magistrados que formaban la sección competente.

Las fuentes precisan que la posición de Montalbán era admitir, pero no contaba con todo el apoyo de la Sección Tercera --integrada por la también magistrada progresista Laura Díez y su compañero conservador César Tolosa--, porque este último se oponía. Ahora, las fuentes apuntan que sí tiene el respaldo mayoritario de la Sala.

La defensa de Griñán ya anunció el pasado julio que solicitaría al TC que le amparara frente a la sentencia de la Audiencia de Sevilla, y las posteriores negativas del Tribunal Supremo a revocarla, que le condenó a 6 años y un día de cárcel por prevaricación y malversación. Su defensa formalizó recurso en abril.

A principio de año, la Audiencia de Sevilla suspendió el ingreso en prisión del ex presidente andaluz para que pudiera completar su tratamiento de radioterapia. El último informe de Medicina Legal señala que el tratamiento oncológico resulta "poco compatible con la vida en prisión" porque requiere "vigilancia estrecha".