Tal como indica Antonio Olivencia, secretario local de la Confederación Española de Policías (CEP), ahora mismo los policías sólo están realizando servicios “a requerimiento de la sala del 091”, es decir , cuando reciben un aviso de los ciudadanos ante cualquier suceso (agresión, tráfico de drogas, etc.), pero hay que tener en cuenta, como explica, que más del 80% de las actuaciones que realiza son a criterio del funcionario. “Después de varias semanas así ya se está notando porque no se va a hacer exclusivamente nada y además el reglamento no lo excluye”, señala.
Se trata de una de las acciones de presión que más consecuencias puede acarrear para la seguridad ciudadana y que está siendo secundada sin ningún tipo de problemas por el 80% de la plantilla, dado que en la práctica el mayor número de intervenciones se produce cuando los policías suelen actuar “de oficio”, al ver o sospechar algo raro.
“Es una guerra de todos”
Una máxima, la de ceñirse al reglamento, que mantuvieron de forma más estricta si cabe el pasado martes, jornada de huelga de los funcionarios en todo el país, y que seguirán llevando a cabo hasta nuevo aviso en una reivindicación en la que, como aclara Olivencia, todos los sindicatos van de la mano.
Y es que, en este caso, las consecuencias que acarreará el controvertido recorte afecta a toda la plantilla desde el policía de escala básica con un trienio, que perderá 90 euros de su nómina y hasta 300 de su paga extraordinaria, hasta los altos cargos. “Es una guerra de todos ya que cuanto más grado tenga el funcionario más dinero se le va a quitar por lo que todo el mundo vamos a ir a una”, señala. Aunque las quejas de los ciudadanos aún no se han hecho efectivas, en el sindicato tienen claro que el único culpable de esta situación es el Gobierno y, por ello, piensan seguir trabajando en esta línea. “Si aumenta la seguridad y los actos delictivos es lo que este Gobierno ha querido tomando esta decisión”, sentenció.
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