La complejidad legal que rodea Minas de Riotinto tiene muchas aristas y tras el acuerdo de Emed Tartessus para saldar la deuda con la Seguridad Social, otro embargo pesa sobre los activos de la empresa minera, en esta ocasión por los salarios impagados a la plantilla de la antigua MRT por valor de 12 millones de euros, que en la actualidad están pendiente de ejecutar por un juzgado de Valverde.

Según explicó al Grupo Información el representante de los ex trabajadores de Minas de Riotinto, Ricardo Gallego, a los ex trabajadores se les adeuda, según una sentencia de un juzgado de lo Social, 12 millones de euros por salarios impagados, un embargo que en la actualidad está decretado de forma cautelar en espera de que sea inscrita de forma oficial en el registro de la propiedad.

Gallego aclaró que la demanda de la plantilla llegó a los juzgados más tarde que la comunicación de la Comisión Liquidadora de MRT, por lo que se ejecutó en primer lugar la subasta de los activos que el cobro de los salarios no abonados a la plantilla.

“Si Emed Tartessus ha comprado los activos de Mantesur, debe retirar todas las cuestiones de los tribunales”, señala Gallego para dejar claro que entre las deudas pendientes están los doce millones que se les deben a los ex trabajadores.

Apunta que la plantilla no ha recibido nada ni de la subasta de los activos ni de ninguna de las operaciones que ha realizado la Comisión Liquidadora, a pesar de que, cuando entró en suspensión de pagos, el 68 por ciento de las acciones de MRT eran de los trabajadores afiliados a CCOO y el resto de Mantesur Andévalo, concretamente de Carlos Estévez, a quien “se los regaló la UGT”, recalca.

Cuestiona el papel de la Comisión Liquidadora -“un apéndice de Estévez”, dice- a la hora de gestionar el patrimonio de Minas de Riotinto, puesto que cuando se decretó la suspensión de pagos el valor de la empresa, según los interventores judiciales, era de 24.000 millones de pesetas -144,24 millones de euros- y las deudas de 12.000 millones de pesetas -72,12 millones de euros- y ahora “MRT no vale nada y no se ha cancelado ningún pago”, ni con la Seguridad Social, ni con Hacienda, ni con los acreedores ni con los trabajadores, señala.

Por tal motivo, los ex trabajadores, como dueños del 68% de las acciones, han impugnado tanto la junta de accionistas en las que se aprobó la venta de los activos de MRT por parte de Carlos Estévez, que al final han llegado a manos de Emed Tartessus -en medio queda la empresa suiza Shorthom Limited-, como la no convocatoria de ninguna junta por parte de la Comisión Liquidadora, que han solicitado en repetidas ocasiones desde hace tres años sin resultado, para pedir explicaciones sobre la liquidación del patrimonio de MRT.

Según explicó, los trabajadores no han podido impugnar ninguna de las decisiones que se han ido adoptando porque no poseen la documentación que acredite lo que se ha ido haciendo, cuando según la Ley de Sociedades Anónimas la junta de accionistas debe convocarse si lo pide un 5% de los accionistas y ésta nunca se ha celebrado, por lo que han acudido a los tribunales, aunque lamenta que acudir a la justicia “lo ha eternizado”.

Gallego tiene claro que “va a haber mucha gente que no va a cobrar nada”, ya que existen muchas deudas no saldadas, aunque deja claro que el que se abone la de la Seguridad Social, a ellos no les va a llegar ningún dinero.

Seguridad Social

Con respecto a esta deuda, a primera hora de la mañana de ayer Emed Mining hacía público en Gran Bretaña que había alcanzado un acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social, como ya avanzaba la semana pasada el Grupo Información, para pagar la deuda que MRT tenía contraída con este departamento y aplazar su abono en cinco años, un paso que según los sindicatos era necesario y que no ha querido ser valorado por la Junta.

Así, según la comunicación de Emed Mining, su filial Emed Tartessus ha alcanzado un acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social para levantar los embargos que pesan sobre los principales terrenos adquiridos por la empresa y sobre los que se asienta la mina, los derechos mineros y la planta de tratamiento del que denominan Proyecto Río Tinto (PRT).

La deuda total, según la nota de la empresa, asciende a 16,9 millones de euros y se abonarán en un periodo de cinco años, a razón de un primer pago inicial de 1,3 millones de euros, seguidos de pagos anuales de 1,1 millones, 2,9 millones, 3,6 millones, y 5,9 millones, incluyendo los intereses. El abono de la deuda impedirá que la Seguridad Social ejecute el embargo contra esta propiedades y que el Estado estudiaba sacar a pública subasta y en cuya puja, según fuentes consultadas por el Grupo Información, estaban interesadas dos empresas más.

Emed también quiere dejar claro que “estos embargos se otorgaron en virtud de unos acuerdos de garantía sobre dichos terrenos que aseguraban el pago de la deuda que en su momento contrajo con la Seguridad Social el anterior propietario, -hoy en liquidación-, Minas de Río Tinto SAL”. De esta forma se cubren los impagos con la Seguridad Social correspondientes tanto al periodo anterior a la entrada en liquidación como a los intereses en que se ha incurrido.

Destacan que Emed Tartessus ha sido “en todo momento” conocedora de las cargas que tenían las propiedades y dentro de su planificación de costes para el reinicio de la Mina de Riotinto estaba incluido su liquidación.

Por su parte, el consejero delegado de Emed Mining, Harry Anagnostaras Adams, afirmó que sus proyecciones financieras “siempre han tomado en cuenta el pago de las deudas y la extinción de todas las cargas”, mientras señalan que prosiguen con “sus actividades relacionadas con los permisos de actividad” y que el principal escollo pendiente de resolución “es el de la adquisición de ciertas parcelas adyacentes a los terrenos del PRT y necesarias para la mina”, aunque sus propietarios no han confirmado que se haya abierto un nuevo periodo de negociación.

Reacciones

Tras conocerse este acuerdo y siguen con la tónica general, tanto desde la Dirección General de Minas como desde la Delegación de Economía, Innovación y Ciencia en Huelva, han eludido valorar este paso, puesto que consideran que el expediente no está cerrado y no harán ninguna declaración hasta que el proyecto esté aprobado.

Desde los sindicatos, Juan Díaz, de CCOO en Huelva, ha destacado que este acuerdo es “un paso más que la empresa quizás debería haber dado antes”, que consideran “positivo si el resto del trabajo se va encaminando” pues aún queda un “entramado jurídico y legal” muy complejo sin resolver y quedan muchas deudas por saldar.

Mientras, Luciano Gómez, de FIA-UGT Huelva, consideró el paso como “muy positivo” y prueba del “compromiso y capacidad” de Emed, “un gesto por el interés general que merece una oportunidad”, por lo que instó a todas las partes implicadas a “ponerse las pilas” para que sea una realidad.