El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Decreto-ley del nuevo Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja), que destinará 225 millones a proyectos generadores de puestos de trabajo en colaboración con las entidades locales de la comunidad autónoma. Como principal novedad, el Proteja, que desde 2009 financia iniciativas para

activar las economías locales, extiende ahora su ámbito de actuación para incluir no sólo contratos de obras sino también de servicios.

La nueva edición amplía así el perfil de los beneficiarios, anteriormente centrado en el sector de la construcción, y da también prioridad a las necesidades de empleo de las mujeres y de los colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, según informó el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Del presupuesto total previsto, 205 millones se destinan a las entidades locales (181 para los ayuntamientos y 24 para las diputaciones provinciales) y los 20 restantes a la formación de las personas contratadas. El nuevo Proteja primará los proyectos dirigidos a paliar los daños ocasionados por los temporales del pasado invierno en aquellas localidades donde aún existan infraestructuras afectadas. En cuanto al resto de obras, los consistorios podrán presentar, además de proyectos nuevos, otros ya programados pero no iniciados por insuficiencia financiera en ámbitos como la construcción, reconstrucción, mejora y rehabilitación de infraestructuras municipales o instalaciones públicas.

Junto con la ampliación de los ámbitos de actuación, según Luis Pizarro, otra novedad destacada es la introducción de medidas para que las contrataciones beneficien al mayor número posible de personas y se realicen con el máximo tiempo de duración. Entre otras disposiciones, se prohíbe emplear por un periodo inferior al de la ejecución del proyecto y se exige que las personas demandantes no hayan tenido relación con la entidad empleadora durante los tres meses anteriores a la oferta de empleo.

En la misma línea, se refuerza el objetivo de que los proyectos financiados den lugar obligatoriamente a nuevos empleos. Se establece así que al menos un 70% del coste de personal de cada iniciativa presentada deberá corresponder a puestos de trabajo de nueva creación. En el caso de las obras, esta partida de personal representará como mínimo el 60% del coste total de ejecución, con la única salvedad --siempre que se justifique-- de las actuaciones relacionadas con los daños del temporal.

En relación con las personas aspirantes a ser contratadas, se otorga preferencia a quienes no reciban subsidios ni prestaciones y posean cargas familiares, con especial atención a las mujeres y a colectivos especialmente vulnerables como los parados de larga duración, los mayores de 45 años, los menores de 30 y los discapacitados. El consejero apuntó que la estimación de creación de puestos de trabajo que tiene la Junta es de unos 12.000 empleos, si bien hay que esperar a que los ayuntamientos pongan sobre la mesa sus proyectos.

Igualmente novedosos son los mecanismos que se introducen para garantizar el desarrollo efectivo de los proyectos respaldados. Entre ellos destaca la penalización que se impone a aquellos ayuntamientos que no hayan iniciado antes del próximo 1 de julio sus obras aprobadas correspondientes al anterior programa. En este caso, de los fondos asignados al consistorio en esta segunda edición se le detraerá la parte equivalente a las actuaciones pendientes, con independencia de las prórrogas solicitadas para acometerlas.

Con el objetivo de no perjudicar a las poblaciones de estos municipios, el dinero detraído pasará a ser gestionado por la Diputación Provincial correspondiente, que lo destinará a iniciativas a favor de los desempleados. Los 181 millones de euros consignados por el Proteja para los ayuntamientos se repartirán en un 20% atendiendo a criterios de población, mientras que el 80% restante se vinculará de manera directamente proporcional a la media del paro registrado entre los meses de mayo de 2009 y abril de 2010. En cualquier caso, se garantiza un mínimo de 12.000 euros para cada consistorio.

De acuerdo con estos criterios generales, la distribución para los ayuntamientos por provincias queda como sigue: Almería, 14,6 millones; Cádiz, 32,2 millones; Córdoba, 16,4; Granada, 19,3; Huelva, 10,8; Jaén, 11,8; Málaga, 34,8, y Sevilla, 40,8.

En cuanto al sistema de pagos, el Decreto-ley introduce diversos cambios. Frente al anterior abono de la cuantía total en el momento de la validación del proyecto, y con el fin de agilizar su desarrollo, la Junta de Andalucía realizará ahora el pago en tres partes. Así, el Ayuntamiento recibirá en concepto de anticipo general el 20% de los fondos asignados al municipio; el 60% en el momento de la adjudicación y el 20% restante una vez justificado el proyecto. Al igual que en el anterior programa, los ayuntamientos tendrán que pagar a los contratistas en el plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha de recepción de las certificaciones de obras o de la realización parcial o total del contrato.

Agilizar los plazos
El nuevo Proteja establece también medidas para agilizar plazos y garantizar el inicio inmediato de las actuaciones. Como norma general, todas las obras deberán estar comenzadas en el plazo de cinco meses desde la entrada en vigor del Decreto-ley. Para ello, se unifican en un solo procedimiento los trámites de solicitud y presentación del primer proyecto, que deberán remitirse conjuntamente antes del próximo día 1 de julio y por vía telemática en www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia/PROTEJA. Para las posteriores propuestas de actuaciones, los ayuntamientos tendrán hasta el 15 de agosto. La Junta irá validando los proyectos a medida que los vaya recibiendo y para ello contará con un plazo máximo de 15 días.

Una vez recibido el visto bueno a cada proyecto presentado, los ayuntamientos contarán con un mes para licitar las obras o servicios (anteriormente no se especificaba periodo sino tan sólo una fecha de justificación de los fondos). En los casos de que se incumpla este plazo o de que no se lleguen a presentar propuestas, los fondos pasarán automáticamente a ser gestionados por las correspondientes diputaciones provinciales. Para el desarrollo de los proyectos, el Decreto-ley establece un plazo máximo de ejecución de 12 meses, prorrogables por otros tres en aquellos en los que se acredite una mayor complejidad.

La última novedad relevante respecto al primer programa iniciado en 2009 es el refuerzo de la implicación de las organizaciones sindicales y empresariales a través de la creación de las Comisiones Provinciales de Participación, que se añaden a la ya existente de ámbito regional. El programa mantiene, finalmente, el plan formativo que ya se recogía en la primera edición.

El programa aprobado hoy se enmarca en las medidas anticrisis que desde febrero de 2008 desarrolla la Junta y esta segunda edición ha sido consensuada con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT y CCOO. Asimismo, cuenta con el informe favorable del Consejo Andaluz de Concertación Local.

En su primera edición, que concluye el próximo 30 de junio, el Proteja ha apoyado 2.036 proyectos, de los cuales se encuentran ejecutados o en ejecución un 98,3%. Estas actuaciones han generado 18.800 empleos directos, frente a los 14.943 previstos inicialmente, lo que supone un incremento del 25,8%. Pizarro consideró que los objetivos del primer Proteja en materia de reactivación de la economía y creación de empleo se han logrado "con creces".