Andalucía invirtió 19,15 millones de euros en ciberseguridad el pasado año, lo que supone el 27,75 por ciento del total de las administraciones territoriales, según el informe correspondiente al último ejercicio que acaba de publicar el portal Adjudicaciones TIC.
Las comunidades autónomas invirtieron globalmente 37 millones de euros en 226 contratos, el 16,26 % de lo que gastaron en conjunto las administraciones públicas en la protección de sus sistemas informáticos, y las entidades locales otros 31,95 millones, el 14 %, en 323 contratos.
Según el citado informe, la inversión total en ciberseguridad por parte de las administraciones públicas españolas durante el año 2022 rozó los 228 millones de euros, mediante un total de 880 adjudicaciones.
Con un total próximo a los 159 millones de euros en 331 contratos, la Administración General del Estado se situó en primera posición, con un 69,73 % del total, como la más inversora en este ámbito el pasado ejercicio, tanto en inversiones por licitación abierta (94,51 millones) como por compras centralizadas (64,41 millones).
Señala el informe que la inversión total durante 2022 "ha sido muy positiva" y que las administraciones públicas "son cada vez más conscientes de la necesidad que existe en lo que respecta a la protección de sus sistemas".
Sumando la inversión autonómica y municipal, las comunidades en las que más se invirtió fueron Andalucía, Cataluña y País Vasco, que sumaron 36,11 millones de euros, es decir, el 52,33 % del conjunto de las administraciones territoriales y el 15,84 % del total de las administraciones públicas.
Andalucía ocupó la primera posición con 19,15 millones, el 27,75 % del total de las administraciones territoriales, seguida de Cataluña, con 9,66 millones, el 14 %, y País Vasco, con 7,3 millones, el 10,58 %.
Por número de adjudicaciones, entre esas tres comunidades sumaron 283 contratos, el 32,16 % del total de adjudicaciones del año, con Cataluña en primer lugar (116), por delante de Andalucía (109) y País Vasco (58).
Por organismos, el Institut Català de la Salut ocupó el noveno puesto en el total de las entidades públicas, con 3,91 millones en cuatro contratos, en una clasificación que encabezó la Secretaría General de Administración Digital de España (SGAD) con un volumen de inversión de más de 45,6 millones, que suusieron el 20 % del total de 2022.
En cuanto a las empresas adjudicatarias, fue líder la UTE Telefónica Soluciones - Indra Soluciones TI, con 38,35 millones de euros (16,83 %), seguida de Telefónica Soluciones, con 35 millones (15 %), y la UTE Inetum España - Telefónica Soluciones - Telefónica de España, con 16,85 millones (7,39 %).
Por otra parte, el informe incluye, en segundo lugar entre los cinco proyectos con "mayor interés por motivos estratégicos o prácticos" el despliegue de una Oficina Técnica de Seguridad y Centro de Operaciones de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Valladolid por 1,6 millones de euros.
En el cuarto puesto aparece la contratación mixta de los servicios y suministros asociados de telefonía, comunicaciones redundantes, almacenamiento y procesamiento en la nube del Parlamento de Andalucía por 156.000 euros y en el quinto los servicios de Oficina de Seguridad del Servicio Cántabro de Salud por 512.000 euros.
El análisis de la consultora Adjudicaciones TIC afirma que "la ciberseguridad en las administraciones públicas españolas es un tema crítico debido a la cantidad de información sensible y confidencial que se maneja en estas entidades", ya que "los datos personales, financieros y estratégicos de los ciudadanos y del propio Estado están almacenados en sistemas informáticos y, por lo tanto, son susceptibles de ser objeto de ataques informáticos".
"Por este motivo -añade-, en los últimos años se ha observado un aumento significativo en el número de ciberataques contra las administraciones públicas españolas" y "aún existen desafíos en materia de ciberseguridad" como "la falta de inversión suficiente en tecnología de seguridad y la escasez de personal especializado en ciberseguridad".
Por ello "es fundamental continuar fortaleciendo la seguridad informática en las administraciones públicas para proteger la información confidencial y garantizar la confianza de los ciudadanos en el uso de los servicios públicos en línea", concluye.
Entre los ciberataques más graves sufridos por las administraciones territoriales en España figura el perpetrado por el grupo de piratas informáticos RansomHouse contra el Hospital Clínic de Barcelona el pasado mes de marzo, al que robó cuatro terabytes de datos personales por los que pidió un rescate de 4,6 millones de dólares -que la Generalitat descartó- y que poco después publicó parcialmente en la 'deep' y la 'dark' web.
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