El texto, elaborado por la conservadora francesa Pascale Gruny, reunió un importante consenso y fue respaldado tanto por el resto de grupos políticos como por las asociaciones ecologistas y las autoridades regionales.
En el documento, el PE hace una serie de recomendaciones para afrontar la situación provocada por los vertidos de fosfoyesos y otros productos en la ría de Huelva, que han llevado a la Comisión Europea (CE) a amenazar a España con una denuncia ante la Justicia comunitaria por incumplir las normas medioambientales de la UE.
Los eurodiputados solicitan que los numerosos estudios científicos realizados se complementen y coordinen "a fin de demostrar la correlación específica entre el vertido de residuos peligrosos y su impacto en la salud pública".
Además, piden un "estudio específico más detallado sobre las personas que trabajan en la industria local, con objeto de confirmar o desmentir la amplitud de la contaminación generada por la producción y los residuos de fosfoyesos, o de cualquier otra contaminación industrial".
Asociaciones ciudadanas, como la Plataforma Mesa de la Ría de Huelva, han alertado en repetidas ocasiones del número de casos de cáncer, superior a la media que se registra en la zona, y volvieron a solicitar hoy un estudio claro al respecto.
La Eurocámara reclama además una descontaminación de la zona, que mantenga el lugar en "un estado que sea conforme con toda la legislación europea vigente" y apuesta por el principio de "quien contamina paga".
"En caso de cierre de las empresas interesadas -señala el texto-, éstas, a pesar de todo, tendrán que asegurarse de que el sitio que ocupan quede totalmente descontaminado y de que se aplique un plan para la rehabilitación y la renovación de la zona en cuestión".
La presidenta de la Diputación de Huelva, Petronila Guerrero, explicó que la solución está en marcha y que se ajustará a esos principios, y aseguró que en el plazo de un mes se dará a conocer un proyecto piloto.
Mientras, el ex eurodiputado ecologista David Hammerstein, en representación de la Asociación Mesa de la Ría, exigió una actuación "seria", que incluya la retirada de las sustancias más peligrosas y que garantice que no hay filtraciones de las balsas.
"No se pueden cubrir residuos tóxicos con unas plantitas y unos árboles", advirtió, y recordó que un trabajo profundo de recuperación sería además una fuente de empleo en la zona.
El del empleo es un punto que también aborda el informe parlamentario, que pide "establecer un objetivo específico de reinversión" para crear oportunidades de empleo y reconvertir a los empleados en la industria química.
Para los denunciantes, el texto cumple con las esperanzas que habían depositado en la Eurocámara, según aseguró el portavoz de la Plataforma Mesa de la Ría de Huelva, Pedro Jiménez.
Al mismo tiempo, ha dejado satisfecha a la Diputación de Huelva, que defendió hoy ante los eurodiputados la actuación de las autoridades españolas en el caso y las mejoras registradas en la ría.
"Todos los problemas medioambientales se han solucionado o están en vías de solución", aseguró la presidenta de la Diputación, que recalcó que la provincia se ha convertido en "referencia en el desarrollo sostenible".
Guerrero criticó además la "actitud radical" de los denunciantes que, según opinó, "no hace sino contribuir a crear alarma social".
"La denuncia puede que tuviera sentido hace 20 ó 25 años. Hoy no lo tiene, puede que tenga otros intereses", aseguró.
En respuesta, Jiménez destacó que el problema medioambiental es hoy "el que más preocupa a los ciudadanos de Huelva" y que la petición ante el PE fue avalada por 25.000 firmas.
"No nos inventamos la realidad", subrayó, y recordó que a unos 500 metros del casco urbano de Huelva hay depositadas 120 millones de toneladas de fosfoyesos, además de cenizas de cesio y otras sustancias peligrosas.
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