La Junta de Andalucía quiere que el recorte de los sueldos al funcionariado andaluz en un 5% de media, de obligado cumplimiento tras el decreto-ley nacional, alcance también a las sociedades mercantiles públicas, que tienen un régimen jurídico diferente, por lo que recortará sus aportaciones en ese porcentaje según la plantilla para que las direcciones apliquen la reducción negociándola con los sindicatos.

El Consejo de Gobierno aprobaba ayer, en una reunión de carácter extraordinario, la transposición a Andalucía del real decreto-Ley aprobado en el Congreso de los Diputados pero dio un paso más, puesto que busca que todo el personal que presta servicios para la Junta, directos e indirectos, asuma la reducción media del 5% de sus salarios, incluido el personal laboral, el de las sociedades mercantiles e incluso el de la enseñanza concertada, cuya aplicación proporcional deberá determinarse mediante la negociación colectiva.

La aplicación directa afectará a todos los funcionarios y personal estatutario, mientras que en el caso del personal laboral será del 5% a partir de la nómina de junio pero se aplicará de forma “progresiva”, es decir, con las tablas nacionales, tras ser negociada con los sindicatos. Según la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, la intención es abrir la mesa negociadora para que las reducciones sean acordes con los sueldos en el mismo mes de junio.

El mismo sistema aplicará la Junta para el personal docente de la concertada, cuya base de negociación estará en el propio acuerdo de homologación, mientras que no podrá ser de aplicación directa en las sociedades mercantiles (entre ellas Egmasa o DAP), algunas con convenio colectivo propio.

En este caso, el sistema que ha previsto la Junta con el objetivo de que “el esfuerzo” que va a hacer el funcionariado “se aplique con equidad” a todo el que presta algún servicio para la Administración, es “ajustar el crédito” que se le da a cada entidad en función del 5% que se le transfiere en concepto de personal.

Así, los directores o gerentes de estas sociedades “tendrán que abrir el proceso de negociación” pero la Junta “no contempla” el escenario de no cumplimiento de esta reducción porque confía tanto en las gerencias como en la responsabilidad de la representación de los trabajadores. De hecho, ante la posibilidad de que estas empresas opten por reducir personal o no renovar contratos, tanto Martínez Aguayo como Mar Moreno, consejera de Presidencia y portavoz, señalaron que los sindicatos “estarán ahí” para denunciarlo.

De hecho, Martínez Aguayo, que hizo una emotiva defensa del funcionario como el “corazón” del Estado de bienestar, aseguró que “en ningún caso” están a favor de la destrucción de empleo “ni público ni privado”, y esperan que estas medidas contribuyan a “mantener el empleo general”.

La tabla de reducción de salarios será la misma que se ha aprobado a nivel estatal, aunque estarán excluidos los que cobren menos de 949 euros al mes a jornada completa y afectará a todo el sector público andaluz (a la Administración, a sus 52 organismos y entes instrumentales, a las universidades y al Consejo Consultivo).

La Junta estima ahorrar con estas reducciones 314 millones en 2010 y 547 millones el próximo año, estimando en unos 240.000 los empleados del sector público afectados, aunque según los datos aportados por el Ministerio de Presidencia el 12 de mayo, la Junta posee 257.234 empleados, a los que se suman los 19.917 de la universidad, sumando un total de 267.141.

Además, se establece una reducción del 15% para el presidente de la Junta (cobrará 68.981,88) y el del Consultivo; del 10% para todos los presidentes, vicepresidentes, directores generales y directores gerentes de las empresas públicas; del 9% para los viceconsejeros y consejeros del Consultivo, del 8% para directores generales y del 6% para los delegados provinciales.

El resto del plan de ajuste, en espera del CPFF

El Consejo de Gobierno también solicitó ayer que se celebre el debate del estado de la Comunidad los días 9 y 10 de junio, con el objetivo de que en esa sesión se debate el plan de ajuste completo que el Ejecutivo andaluz tiene que presentar el día 22 de junio en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Sin embargo, la falta de concreción sobre el esfuerzo de deberá hacer cada comunidad -sólo se ha aprobado el techo de gasto- impide adelantar ninguna medida.

La consejera de Hacienda quiso dejar claro que sin saber el techo de gasto, los objetivos de estabilidad de cada comunidad ni los objetivos intermedios, no podrán concretarse las medidas sobre las que reconoció sí que están trabajando para contribuir al déficit público, entre ellas las inversiones y su reprogramación o las actuaciones de eficiencia del sector público andaluz.

Por tal motivo, Martínez Aguayo consideró que “necesariamente” tendrá que haber una reunión previa del CPFF en el que se determinen esos factores, que esperan sea antes del debate parlamentario.

También afectará ese escenario global a la posibilidad de que la Junta actúe sobre las rentas más altas, como ha planteado el presidente andaluz, José Antonio Griñán, aunque la consejera reiteró que “sólo están analizando las medidas pero no hay ninguna decisión tomada”.