Dicha operación se inició por las denuncias de los ecologistas por el desvío del río Guadalete a su paso por el casco urbano de Grazalema para permitir la construcción de un edificio de pisos que ocupó parte del cauce público. Según EA, su abogado preguntó a la alcaldesa por las actuaciones que emprendió el Ayuntamiento ante la denuncia de los vecinos, en agosto de 2005, por las obras en el río, y por qué no paralizó las obras ilegales. Así mismo se le requirió que explicara las medidas que adoptó ante las reiteradas denuncias de los ecologistas contra Juan Prieto, técnico municipal también imputado en esta trama, por presunta falsedad documental.
EA se pregunta el porqué de este silencio, cuando “la alcaldesa asegura que actuó de inmediato ante estas obras ilegales, y el secretario provincial del PSOE afirma que su actuación fue impecable”. Por contra, para los conservacionistas, Lara debe explicar “por qué aprobó una licencia ilegal a pesar de tener perfecto conocimiento de que se esta desviando el río”, o “por qué han desaparecido de los expedientes municipales todas las denuncias presentadas en estos últimos años por Ecologistas en Acción por obras ilegales y corrupción”.
Para ello, señala en nota pública que remitirá al Juzgado toda la documentación de que dispone y que “evidencia que la alcaldesa tenía perfecto conocimiento de las actuaciones ilegales del técnico municipal, de los presuntos casos de falsedad documental que se venían sucediendo para favorecer obras ilegales, y de las obras de desvío del río Guadalete, y que no actuó hasta que Ecologistas en Acción intervino”.
Según exponen, su objetivo es que “este atentado ecológico no quede impune, se restaure el río a su estado original y paguen los responsables de esta trama de corrupción”.
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