El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, ha sostenido este martes que la posición geográfica de la región determina que esté "al albur de pequeños cambios que le afectan mucho", de manera que "no tenemos garantizada las precipitaciones" y que la Cuenca del Gualdaquivir abastece al "40% de los regadíos de España", para reclamar seguidamente "poner coto a la expansión de nuevos regadíos" con la advertencia de que "no existe la posibilidad de nuevos regadíos desde 2005".
La supervivencia del regadío exige tomar medidas para que cuando haya poca agua ésta tenga suficiente calidad"Páez ha sostenido esta tesis durante su comparecencia en el Grupo de Trabajo del Parlamento de Andalucía de medidas urgentes para combatir la sequía en Andalucía, escenario donde ha puesto de manifiesto que, por su situación geográfica y climatológica le lleva a afrontar "una transición de zona templada a subtropical seca" y que "llevamos 25 años en una situación de cambio climático", pronunciamiento que ha sustentado en datos como "tener un 7% menos de precipitaciones que a finales del siglo pasado y la temperatura media en la Cuenca ha subido medio grado".
"Con la imposibilidad de más hectáreas (de regadío) y gestionando el agua podemos hacer sostenibles el sistema", ha proclamado.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha señalado que la reserva de agua actual es de un 25%, cifra que representa un 55% menos de la media de los últimos 25 años, y que ello se ha traducido en que las aportaciones a los embalses se han reducido un 70%.
"Nunca ha habido menos reservas", ha proclamado Páez, quien ha apuntado seguidamente que "estamos ante uno de los peores periodos de sequía desde 1995".
El responsable de la Confederación del Guadalquivir ha recordado que "el 87% del agua de la Cuenca se gasta en la agricultura", dato que le ha llevado a afirmar que "la supervivencia del regadío exige tomar medidas para que cuando haya poca agua ésta tenga suficiente calidad", antes de reclamar medidas ambientales para "luchar contra los nitratos en suelos y aguas" con la pretensión de extender "las buenas prácticas agrícolas" por cuanto ha esgrimido que se trata de evitar que el río Guadalquivir no sea "uno de los ríos que más sedimentos lleva de toda Europa".
Páez ha sostenido sobre la política de infraestructuras hidráulicas que "si tuviésemos 10 embalses más, tendríamos 60, pero vacíos también", por lo que ha abogado por orientar el gasto a esas infraestructuras en "impermeabilizar, en eficiencias", aun cuando ha reconocido que Andalucía tiene "la agricultura más modernizada de Europa", que ha cifrado en "un 80% modernizada", de manera que ha abogado por "trabajar para que ese 20% restante se modernice".
"La gestión diaria se basa en gobernar la incertidumbre", ha afirmado el responsable de la Confederación del Guadalquivir, quien ha explicado que su organismo dispone de "dos herramientas" para afrontar la sequía, uno de ellos es el Plan Hidrológico de la Cuenca, del que ha indicado que se aprobó en la última semana de enero de este año y cuya vigencia abarca entre 2022 y 2027, y cuya contribución ha situado en una inversión de casi 4.000 millones, un aumento de 1.600 millones sobre el anterior, que cubrió el periodo 2015-2021.
La segunda herramienta es el Plan Especial de Sequía, del que ha señalado que "se encarga de garantizar la salud de las personas, la salud ambiental, de minimizar los efectos de la sequía en las cuestiones socioeconómicas", así como establecer "los indicadores para diseñar escenarios de sequía y poder tomar medidas", antes de afirmar que el 2 de noviembre de 2021 se estableció la situación extraordinaria de sequía, con la advertencia de que "la Cuenca del Guadalquivir no tenemos competencias en abastecimiento, depuración ni saneamiento de aguas".
En el seno de la Confederación se crea la Comisión Técnica de Sequía, ha explicado Páez, como "órgano que gestiona la sequía en el Guadalquivir", al que ha atribuido que su primera petición al Gobierno fue reclamarle el Real Decreto Ley de sequía, que "el 15 de marzo de 2022 entró en vigor con carácter retroactivo" y cuya labor prioritaria ha situado en "minimizar los efectos que la sequía produce en el sector más afectado, que es la agricultura".
Páez ha defendido que las medidas destinadas por el Gobierno para luchar contra la sequía han supuesto un gasto directo de 437 millones de euros, que incluyen 13 millones en obras de infraestructuras, medidas impositivas o créditos ICO.
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